Un fallo del Tribunal Electoral dejó fuera al candidato del PRO de la carrera presidencial. A pesar de que en agosto había sido absuelto en el caso OAS, la sentencia de esa causa no está "firme o ejecutoriada", por lo quedaría inhabilitado. El ex diputado apelará ante el Tricel.
El Ministerio Público acusa al líder del PRO y ex candidato presidencial de que el 17 de diciembre de 2013 rindió ante el Servel gastos electorales presuntamente irregulares. "Después de 7 años, comienza el juicio en el que podré defenderme ante jueces imparciales y con un juicio justo", señaló el cineasta.
Cinco integrantes de organizaciones sociales de la isla declararon como testigos en junio pasado ante dos policías que viajaron desde Santiago por orden de la fiscal Ximena Chong. La agrupación presentó en abril pasado un escrito al Ministerio Público, dando cuenta de presuntas irregularidades en el proceso de construcción del puente Chacao.
Mandatario abordó las declaraciones del expresidente de la constructora brasileña, Léo Pinheiro, quien señaló que la firma aportó con financiamiento a la campaña de Bachelet en 2013.
Abogado Carlos Mora asegura que Marco Enríquez-Ominami no ha tenido vinculación con la empresa brasileña. Además, que esperan demostrar la inocencia del excandidato en el juicio oral.
Al ser consultada por la polémica que envuelve a la segunda campaña presidencial de Michelle Bachelet, la madre de la expresidenta evitó referirse al tema argumentando problemas de salud: "Estoy muy resfriada, muy ronca, así que no puedo hablar".
"Cuando uno tiene la verdad y no tiene ni un compromiso o inconveniente, lo mejor es la disposición y nuestra actitud es investigación completa", comentó el ministro del Interior, asegurando "en términos absolutos" que la licitación del puente sobre el Canal del Chacao se hizo en regla.
La vocera detalló que el gobierno está disponible para aportar con la investigación "como lo hemos señalado en cada uno de los casos donde hemos sido requeridos por la justicia, para colaborar prestando todos los antecedentes que sean necesarios".
Mucho queda aún por investigar para poder llegar a la verdad en este caso. Pero a diferencia de otros países, las acciones y omisiones de la institucionalidad jurídica chilena siguen estando en deuda.
"Las declaraciones del empresario ocurren justo después que la Oficina de la Alta Comisionada emitiera un juicio crítico de la situación deteriorada de los derechos humanos en Brasil", aseveró la colectividad.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, indicó que es importante que no se harán comentarios "mientras las investigaciones judiciales no determinen su efectividad".
La expresidenta y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU afirmó que le parece extraño que aparezca esta información "después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal Chong si es que había algún antecedente y entregarlo a la justicia chilena". Respecto a una eventual declaración indicó que "la justicia tiene que hacer su trabajo. Y nosotros vamos a colaborar en lo que sea necesario".
Es una "mentira negociada" para "promover una persecución" contra Lula, dijo Zanin Martins.
El expresidente de la constructora brasileña, Léo Pinheiro, admitió por primera vez el pago de más de $ 101 millones para saldar deudas de la campaña presidencial de la exmandataria. Fiscalía chilena pidió a sus pares de Brasil acceder a la declaración del ejecutivo.
Desde La Moneda, los congresistas Juan Antonio Coloma (UDI) y Paulina Núñez (RN) presentaron, además, un proyecto de ley para dar beneficios a aquellos condenados extranjeros que colaboren con investigaciones, como Léo Pinheiro en Brasil, el expresidente de la empresa constructora OAS.
