Para enero fijó el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el inicio del juicio oral de una de las aristas. Se trata de la causa en contra de dos empresas del grupo, acusadas de financiar irregularmente la política.
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La portavoz de gobierno, además, mencionó que en las conversaciones son "reiterativos los nombres que aparecen, tanto del exfiscal Guerra como de Hermosilla y Andrés Chadwick”.
La recta final del caso se dará cuando esta semana culmine la preparación del juicio oral que se lleva adelante desde marzo en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y traerá aparejada la reaparición de una decena de exparlamentarios y de exministros de Sebastián Piñera.
A través de un incidente de recusación en la Corte de Apelaciones de Santiago y luego por medio de un recurso de queja ante la Suprema, el abogado Julián López intentó infructuosamente que se sancionara a la jueza que encabeza la preparación del juicio oral en la arista soborno. Como determinó el tribunal de alzada, los dichos de la magistrada en su cuenta de Facebook no eran suficientes para probar su supuesta “predisposición negativa” ante la causa.
En concreto, se trata de las defensas de Pablo Longueira Montes, Marco Enríquez-Ominami, Cristian Warner, Marcelo Rozas López , Roberto León Araya y Patricio Contesse, quienes indican no estar siendo juzgados en plazo razonable.
Hace seis meses circuló un mensaje de WhatsApp en que el jefe del Ministerio Público del sector Oriente socializaba su intención de dejar la institución, pese a que aún le quedaban tres años en el cargo. La situación generó malestar en algunos al interior de la fiscalía, debido a que algunos sostenían que ese tipo de anuncios no se hacían, sino más bien se concretaban, y otros porque pasó el tiempo y no ejecutaba su dimisión hasta este jueves 1 de julio, cuando envió un correo a persecutores y funcionarios. Pese a que se irá recién en un mes más, la carrera para ocupar el escaño que deja el abogado ya empezó, y hay quienes corren con ventaja.
Se van a cumplir siete años desde que la Fiscalía descubrió lo que calificó como un mecanismo de financiamiento ilegal de campañas políticas en que se ocultaban aportes de empresas, no declarados, bajo supuestos servicios que nunca fueron prestados y que permitieron, a quienes obraron como mecenas, rebajar impuestos. En junio comenzarán a cerrarse las causas más emblemáticas que quedan. Después de la condena por delitos de corrupción contra Jaime Orpis, se abrirá el telón para que el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y el exsenador UDI Pablo Longueira jueguen sus últimas cartas en la arena judicial.
Algunos sostendrán que esta información, por el carácter público de los juicios seguidos contra esta empresa y sus accionistas, justificaría el interés público, validando en consecuencia la filtración de la información reservada. No podrían estar más equivocados.
Fernando Barraza afirma que es “contraintuitivo que a alguien que litigó con nosotros, le aceptemos el gasto de defensa como necesario para producir la renta, pero esa es la ley”. Subraya que no se le debe pedir al SII que se haga cargo de cuestiones que no le competen. “Hoy día parece que las clases de ética, que fue la condena a los controladores de esa empresa, fuera responsabilidad del SII y no lo es”.
Fue en 2013 cuando el Ministerio Público abrió la primera causa en que se indagó penalmente delitos relacionados al financiamiento de políticos. Ninguna de las personas investigadas ha sido condenada en un juicio y los cuatro principales casos continúan abiertos. Hay algunos, eso sí, que ya están entrando a la recta final y uno hoy podría darse por cerrado. En este contexto, la Fiscalía Nacional dio a conocer un documento llamado “Informe de investigaciones por financiamiento irregular de la política”, que abarca los avances de estas aristas.
El 3 de septiembre pasado, el excandidato presidencial de la UDI accedió a una suspensión condicional del procedimiento.
Fiscal Carlos Ramírez informó que además del monto, el exedil deberá fijar domicilio. Suspensión se logró luego que el Ministerio Público y la defensa del político llegaran a un acuerdo.
Para el 6 de agosto próximo quedó fijada la audiencia de salida alternativa para el ex alcalde UDI.
En una reciente rectificación del inventario, aparece la ex mujer -a quien no mencionaba en el testamento- como receptora de casi mil millones.
Esto a pesar de que en un principio la Fiscalía había pedido cuatro años de cárcel como autoras de delitos tributarios.
