Mientras para algunos expertos en Libre Competencia la interpretación que hizo el máximo tribunal del concepto fue muy amplia, lo que motivaría aplicar definiciones por vía de ley, para otros estuvo acorde a la evidencia que se presentó a lo largo del proceso.
Un estudio elaborado por la consultora Econsult desestima la existencia de los supuestos perjuicios que habría sufrido un accionista por la baja transitoria del valor de la acción de CMPC en los meses siguientes al requerimiento de la FNE por la colusión con SCA Chile.
Se trata de un escrito redactado por el ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, -a petición de la propia SCA- el cual concluyó que CMPC coaccionó a SCA, por lo que debe ser privada de todo beneficio.
Los documentos buscan desestimar el análisis económico que la fiscalía presentó en el requerimiento ante el TDLC por colusión y que derivó en la multa por US$18,3 millones. Empresa busca revertir el fallo en la Corte Suprema.
Tercera Sala del máximo tribunal revisará el recurso que la papelera sueca presentó contra el fallo del TDLC, en que insiste en su tesis de la coacción de CMPC para sumarse a la colusión.
Abogados del área del Derecho del Consumidor y de Competencia plantearon sus dudas respecto de la pertinencia de los fondos pagados por CMPC y el monto de los honorarios profesionales, así como de los vacíos que presenta la ley en cuanto a quiénes se podrán hacer parte de los procedimientos voluntarios colectivos.
Los fondos fueron entregados por CMPC hace una semana, como parte del acuerdo al que se llegó con Conadecus y Odecu en el marco de la mediación efectuada por Sernac. Se trata del último paso para que la compañía papelera cierre el capítulo de la colusión.
El ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia afirmó que la resolución establece un estándar de violencia física que sería excesivo. Además, comentó que la Corte Suprema deberá examinar las multas aplicadas a SCA.
Esto fue solicitado para resolver sobre la validez del acuerdo que alcanzaron la organzación demandante y una de las empresas demandadas.
