En un discurso en el Palacio de Gobierno, el mandatario peruano dijo que en una reunión el lunes con representantes de la OEA expresó la necesidad en Perú de forjar un equilibrio de poderes, en medio de la pugna entre el Gobierno y el Congreso dominado por la oposición. Durante el evento, dirigentes de las organizaciones sociales pidieron el cierre del Congreso y el cambio de la Constitución.
El mandatario peruano expresó en Twitter que “he recibido al Grupo de Alto Nivel de la @OEA_oficial para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos”.
La aprobación para que el gobernante peruano pueda a viajar a nuestro país entre el 28 y 29 de noviembre y participe en el IV Gabinete Binacional entre ambas naciones, se determinó con 77 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones.
El mandatario peruano debía participar entre el 24 y 26 de noviembre en la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Votaron a favor del informe final 11 legisladores, mientras que 10 rechazaron las imputaciones contra el mandatario. Ahora, el informe final contra Castillo pasará a la Comisión Permanente del Parlamento. De ser aprobado en dicha instancia, el documento se elevaría al pleno del Congreso.
Organizaciones sociales y sindicatos han acudido a la manifestación denominada “La toma de Lima” para mostrar su rechazo a las vacancias presidenciales promovidas por el Parlamento, presidido por el derechista José Williams Zapata, y para apoyar la gobernabilidad del país.
Ahora los dardos hacia el mandatario peruano apuntan a sus comentarios a la cadena estadounidense CNN, donde se mostró partidario sobre una eventual salida al mar para Bolivia, en 2018, cuando todavía no era gobernante. “No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo", manifestó Castillo, desatando el rechazo de la oposición.
Una resolución dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de ese país, señala que la presentación de una denuncia constitucional es “una atribución que le ha sido conferida” a la Fiscalía y agregó que la evaluación y calificación de esta corresponde al Congreso. Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
“He comunicado al Congreso de la República mi decisión de desistir y cancelar mi solicitud de autorización de viaje al exterior para la 29 APEC Tailandia. Lamento la acción dilatoria del Congreso que compromete una vez más la política exterior”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.
La delegación estará compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; Guatemala, Mario Búcaro; Belize, Eamon Courtenay y de Paraguay, Julio César Arriola. El grupo de alto nivel responde a la petición a la OEA del presidente de Perú, Pedro Castillo, de activar la Carta Democrática Interamericana, luego de denunciar un intento de "golpe de Estado”.
El mandatario peruano recordó que su régimen tan solo lleva 15 meses y que, aún así, se le exige “las demandas históricas que otras gestiones la ignoraron y no pusieron el pecho para hacerlo”. Alegó, además, que sus opositores “no tienen la autoridad moral” para decir que ha incurrido en hechos de corrupción.
Yenifer Paredes, de 26 años, estaba encarcelada desde hace casi dos meses mientras es investigada por su presunta participación en un clan criminal para lavar activos, a la que también pertenecerían el mandatario y la primera dama.
“Me preocupa profundamente que el presidente (...) esté usando un mecanismo como la Carta Democrática Interamericana con el fin de encubrir y de obstaculizar las seis investigaciones penales que pesan en su contra”, dijo José Williams en declaraciones en la prensa.
Consejo Permanente del organismo, tras reunirse este jueves, expresó su apoyo al Presidente Pedro Castillo. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la OEA manifestó “su solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática”.
La defensa del mandatario peruano busca que se ratifique su condición de jefe de Estado en respuesta a los pedidos de la Fiscalía Nacional de dejar de lado el artículo 117 de la Constitución, el que señala que el Presidente de la República solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales y parlamentarias o por disolver el Congreso, entre otros motivos.
