La dimisión de la diputada comunista a la presidencia tendrá un costo para las bancadas de derecha, que tenían aspiraciones de liderar la corporación este año. La última ofensiva contra la mesa podría tener un efecto adverso en el voto de algunos independientes como Gaspar Rivas. Además, cuando se elija al nuevo presidente de la Cámara el oficialismo alcanzará a contar con el voto decisivo de Catalina Pérez, cuyo desafuero se resolverá justo en esos días por la Suprema.
El Ministerio Público sostiene que la diputada fue la encargada de “dirigir” Democracia Viva, fundación que obtuvo un convenio de más de $400 millones visado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
En 35 páginas, la defensa de la diputada (ex-FA) pide al máximo tribunal intervenir y revertir la sentencia del tribunal de alzada nortino, que visó su formalización en el denominado caso Convenios. En el libelo acusa a los ministros de su región de haber permitido al Ministerio Público incorporar en la acusación que pesa contra ella imputaciones que no han pasado por el control de tribunales. Con esto, sostiene, se ha vulnerado su derecho a defensa y permite que en el futuro la Fiscalía pida el desafuero por cualquier delito que luego en juicio pueda recalificar.
"Resulta claro que los hechos por los cuales se ha investigado a la diputada Pérez no se encuentran confirmados por los antecedentes de la investigación", señalaron los abogados de la legisladora.
La iniciativa fue presentada por Andrés Giordano (FA) junto a otros legisladores del oficialismo. A pesar de la diversidad de partidos de gobierno que respaldan el texto, en la derecha no les convence, pues afirman que el desafuero no es sinónimo de culpabilidad y que, por lo mismo, es injusto que se les prive de la remuneración.
Esta mañana la Corte de Apelaciones de Antofagasta dio a conocer la sentencia donde argumentaron por qué decidieron desaforar y quitar sus privilegios a la parlamentaria. Según estimaron de forma unánime los magistrados, hay elementos suficientes para dar lugar a la solicitud: "(Hay) antecedentes que dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios".
"Lo más probable, y todo indica que esto se tenga que resolver en un juicio oral", afirmó el fiscal Juan Castro Bekios.
El tribunal de alzada hizo lectura de su resolución, dando a conocer el análisis que fundamentó su decisión. Corre ahora el plazo de cinco días para que la legisladora apele a la Corte Suprema.
La parlamentaria está ad portas de conocer su sentencia de desafuero. Una vez entregado el fallo, la Fiscalía podrá formalizar a la congresista por el caso Democracia Viva.
En el reciente periodo parlamentario se han dictado los desafueros de los diputados María Luisa Cordero, Francisco Pulgar, Mauricio Ojeda y eventualmente, si la sentencia es ratificada, de Catalina Pérez.
Las tres personas ya formalizadas en esta investigación tienen en común la militancia en el extinto partido Revolución Democrática y su relación con la diputada.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), manifestó que es una debate que deben abordar durante este año, considerando la creciente cifra de parlamentarios desaforados.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, valoró la determinación e insistió en que la parlamentaria junto a Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica se concertaron con miras a defraudar al Fisco para "fines políticos". Por su parte, la defensa recalcó que se trata de imputaciones falsas y confirmó que recurrirán ante la Corte Suprema, junto con cuestionar lo "rápido" que el tribunal de alzada resolvió la petición del Ministerio Público.
Una vez que la sentencia quede afirme y ejecutoriada, la parlamentaria quedará inhabilitada para votar y participar en sesiones de sala. Eso sí, pese a no poder sufragar, puede seguir recibiendo su dieta de forma íntegra.
