"Respecto a que no me entregaron otra información antes, efectivamente no lo recibí. Hay que preguntarle a las personas que tenían esa información por qué eso no fue así”, sostuvo el titular del Minvu.
El integrante de la comisión investigadora especial (CEI) por los líos de platas políticas apuntó a Tatiana Rojas y a Juan Ignacio Latorre -ambos militantes de RD- por su responsabilidad en el caso de Democracia Viva. Además, defendió a Catalina Pérez: "Creo que ella dice la verdad (...), a veces uno tiende a creer todo lo que la pareja le afirma".
El presidente de la UDI, tras los datos entregados por el contralor Jorge Bermúdez sobre las auditorías a 15 seremías del Minvu -y luego de las declaraciones a La Tercera de la diputada Catalina Pérez-, señaló que “cuando van apareciendo nuevos antecedentes que muestran un mecanismo, un modus operandi, parece poco coherente que se están haciendo todos los esfuerzos para llegar hasta las últimas consecuencias”.
Después de las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, resonaron nuevamente los nombres de Carlos Montes, Miguel Crispi, Juan Ignacio Latorre y Tatiana Rojas, quienes durante las últimas semanas se han mantenido en silencio respecto al caso que involucra a la Fundación Democracia Viva.
La diputada por la Región de Antofagasta, manifestó que informó al gobierno y las autoridades de Revolución Democrática durante la primera semana de junio, antes de que el caso estallara públicamente. Ante esto, figuras de oposición han puesto en duda sus palabras, mientras que desde el oficialismo desdramatizaron el asunto de las fechas.
La diputada -foco del lío de platas que puso en jaque la promesa de probidad del gobierno de Gabriel Boric- afirma que se contactó con el entonces presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, y con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para informarles de una denuncia que circulaba sobre la fundación de su hoy expareja antes de que estallara el caso públicamente el 16 de junio de este año.
En reemplazo de la parlamentaria de Antofagasta, la diputada Maite Orsini este martes asumió en esta instancia. Con ello, se materializaba una medida que hace tiempo venía rondando en el Frente Amplio, de sacar a Pérez de esta comisión, una de las más importantes de la Cámara.
La nueva directiva de Revolución Democrática busca aprovechar su instalación para darle un aire fresco al partido tras las cuestionadas vocerías del senador Latorre. Del mismo modo, contemplan mantener la estrategia judicial proactiva e implementarán un sistema de prevención de delitos en la interna del partido.
El Ministerio Público decidió resguardar el acceso de los intervinientes al expediente de la causa durante seis meses, invocando para ello la ley que permite esta facultad, en razón de mantener una investigación con indicios de blanqueo de capitales. Entre las diligencias del ente persecutor hay una serie de solicitudes de análisis a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Tres meses de investigación lleva el caso que surgió por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva. La Fiscalía cuenta con declaraciones, cartolas bancarias y algunos antecedentes bajo reserva que apuntan a desentrañar una trama que complica a, al menos, tres de sus exmilitantes: Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez.
Carlos Contreras declaró ante el tribunal supremo de RD, luego de que estallara el caso de los millonarios convenios entre el Servicio y Democracia Viva. Además de una explicación técnica de por qué se firmaron esos traspasos, dijo que "es necesario tener presente que la derecha está buscando nuevos flancos". También, defendió la experiencia de la cuestionada ONG de Daniel Andrade.
En el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido ayer varios militantes hicieron sus descargos contra el secretario ejecutivo de la colectividad, quien -en su declaración ante la Fiscalía- apuntó al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y a Javiera Martínez. El director de Metro, quien es militante de la tienda, se quejó: "¡Les dijimos en todo momento que la carpeta se iba a filtrar!”.
Este jueves se conoció la declaración ante la fiscalía del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni, quien mencionó que su partido acordó informarle a Carlos Durán del caso Democracia Viva, lo que se habría hecho el 15 o 16 de junio, cuando estalló la polémica. Sus afirmaciones volvieron a instalar las dudas sobre cuándo se enteró La Moneda del asunto debido a que el Ejecutivo indicó que conocieron el tema el día 16 de junio, lo que provocó que Chile Vamos y el Partido Republicano activaran nuevas gestiones fiscalizadoras.
A través de una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga ilícitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y cohecho, por los traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, pidió conocer las cuentas cuatro cuentas bancarias de la diputada RD. También solicitó lo mismo respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras.
Los diputados de oposición argumentaron que “no resulta comprensible que tras al menos tres meses de investigación y conociéndose resultados contundentes de dicho proceso investigativo, este CDE no haya intervenido mediante el ejercicio de las acciones judiciales de carácter penal que fueren procedentes".
