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Tras conocerse la definición respecto de la expulsión de la expareja de Pérez, Daniel Andrade, y del exjefe de gabinete de la parlamentaria y exseremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, Carlos Contreras, en las bases asomaron las primeras interrogantes -y una molestia respecto del Tribunal Supremo- sobre el estado de la militancia de Pérez. Distintas fuentes del partido aseguran que la acción no ha sido ingresada, e incluso desde el entorno de Pérez confirman que la diputada no ha sido notificada formalmente de un escrito que solicite alguna sanción establecida en los estatutos.

Cerca de $ 20 millones fueron los que la Fundación Democracia Viva notificó al Servel con un desfase, de acuerdo a la fecha límite establecida por el organismo.

"Fue una decisión colectiva en términos de su rol como diputada en su distrito, con su círculo cercano", señalo el timonel de la tienda oficialista.

El Ministerio Público investiga delitos de corrupción por traspasos de fondos público de la cartera a organizaciones privadas en al menos dos regiones: Maule y Antofagasta, ambos casos ligados a militantes RD. En Atacama, dijo el ministro, se están reuniendo antecedentes.

El principal implicado en el escándalo de posible corrupción que remece al Frente Amplio -y a todo el oficialismo- reportó a la colectividad de su desafiliación, solicitando que la instancia revisora de las causas partidarias paralizara el análisis de la solicitud de expulsión en su contra.

La sentencia del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, en T13 Radio este miércoles marcó un punto de quiebre respecto de la actitud que había tenido con la diputada Pérez en torno al caso Democracia Viva. Las razones, no aclaradas del todo, apuntan a una solicitud de la directiva para que la parlamentaria hiciera un "gesto", una declaración con mayor detalle, o hacerse parte de una querella. Sin embargo, eso no ocurrió.

Si bien se trata de una de las fundaciones más grandes y reconocidas a nivel país, está bajo los cuestionamientos del ministro Carlos Montes, pues al igual que en el caso de Democracia Viva, tenía entre sus funcionarios a estrechos excolaboradores de la diputada Pérez y se adjudicaron en pocos meses altas sumas de dinero. Pese a que se entregaron antecedentes sobre ello al fiscal a cargo de la causa, los directivos de la entidad aseguran que estaría todo en regla.

En un principio, las declaraciones del timonel oficialista apuntaban a "errores políticos" y "descriterios" en el vínculo entre Catalina Pérez y las partes involucradas en el caso Democracia Viva. Sin embargo, con el paso de los días y tras conocerse nuevos antecedentes, fue cambiando el tono.

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En una carta, el excoordinador de la campaña del Apruebo Felipe Heusser dio a conocer que esa opción del plebiscito de salida recibió donaciones electorales a través de una página web, pero que los donantes no tenían cómo saber a qué entidad de la sociedad civil le estaban dando dinero. Y que fue así como llegaron platas de campaña a Democracia Viva, las cuales, según reconoció el propio Heusser, fueron "supervisadas" por la campaña de "Aprueba x Chile".

El titular de la Segpres insistió en que hay un "compromiso del gobierno con la probidad" y que "ya desde hace bastante tiempo se están impulsando proyectos vinculados a la agenda de probidad, trabajando indicaciones. Son iniciativas que han sido incluso presentados anteriormente”.

Además, el titular de Vivienda informó que esta noche se reunirán con 23 fundaciones para analizar posibles modificaciones y la "necesidad de perfeccionar" el método para suscribir convenios entre fundaciones privadas y el Minvu.

El líder del ente persecutor aclaró que la solicitud para que encabece la indagatoria que involucra al Minvu y la fundación ligada a RD, aún no ha llegado a sus manos.

Cuando el caso se destapó, el timonel de Revolución Democrática defendió a la parlamentaria y miembro de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señalando: “Catalina Pérez no tiene por qué hacerse responsable de acciones de otros, por más que sea su círculo cercano”.

Personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) llegó hasta el domicilio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda con una orden judicial de allanamiento emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta en el marco del caso Democracia Viva.