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La paralización afecta tanto a la convocatoria del referéndum como la ley de consultas aprobada el 19 de septiembre por el Parlamento catalán para dar a éste amparo legal.

La autoridad hispana recurrió al Tribunal Constitucional la ley de consultas y la convocatoria del referendo soberanista del 9 de noviembre.

El Ejecutivo español inició hoy los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum soberanista del 9 de noviembre que, según dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, "no se va a celebrar porque es inconstitucional".

Un día después de convocar la consulta para escindirse de España, el Ejecutivo de la región del noreste del país presentó el dispositivo logístico de la votación a la que están llamados 5,4 millones de catalanes.

El Ejecutivo con sede en Madrid considera el referendo "inconstitucional".

El criterio del Consejo de Estado sobre la ley de consultas está "muy avanzado", explicaron las fuentes de esta institución y añadieron que ahora hay que analizar el decreto de convocatoria de la consulta soberanista firmado hoy por el presidente del Gobierno catalán, Artur Mas.

Por su parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya inició los trámites para frenarlo.

El Gobierno español, sin embargo, prepara un recurso para presentar ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña.

Gobierno español impugnará ante el Tribunal Constitucional la ley que promueve su realización.

Votación se realizaría el próximo 9 de noviembre, sin embargo, el gobierno español insiste en que referéndum es "ilegal al no estar dentro del marco de la Constitución".

"El gobierno utilizará todos los medios a su alcance, absolutamente todos, incluido todo lo que haya que incluir, para evitar la consulta", dijo el ministro de Exteriores español.

Siguiendo de cerca los acontecimientos en Escocia, los nacionalistas catalanes celebran el 300 aniversario de su fiesta nacional como preámbulo de una consulta de autodeterminación que España rechaza por ilegal.

Según la Guardia Urbana de Barcelona la marcha independentista congregó a 1,8 millones de personas, mientras en Tarragona miles de manifestantes decían "no a la independencia".

"En este momento no hablaré de otro escenario que no sea la consulta del 9 de noviembre", afirmó el jefe del Ejecutivo catalán.

El nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, invitó a los jefes del gobierno español y catalán a negociar y trabajar una reforma que de respuesta a la tensión independentista de la región.