Según informó el fiscal Carlos Cornejo, el Ministerio Público buscará realizar una audiencia única para todos los involucrados en la causa.
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Además, el consejo detalló diversas ilegalidades detectadas durante el proceso de adquisición de terrenos para su desarrollo.
El ente fiscalizador detectó sobreprecios, pagos sin respaldo y otras irregularidades que derivaron en la orden de restitución de más $45 millones a los municipios de Andacollo y Salamanca.
El pasado 14 de enero, el organismo comandado por Raúl Letelier anunció que había decidido querellarse contra la parlamentaria por Antofagasta. En el escrito describen la serie de acciones que habría realizado con miras a que Democracia Viva lograra la suscripción de convenios con la Seremi de Vivienda y que estos se perpetuaran. A juicio de la entidad, tiene responsabilidad directa en el fraude al Fisco por el que también están imputados Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica. En su caso, como cómplice.
A fines de octubre el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por soborno, cohecho y revelación de secreto contra el cuestionado exfiscal regional de la zona Oriente. Además de ahondar en los contactos que tuvo el expersecutor con Luis Hermosilla, se puntualiza en los ingresos que comenzó a percibir una vez que renunció al Ministerio Público.
Los efectos del dictamen con que Contraloría determinó que se abstendría de la revisión de reclamos de funcionarios a contratas desvinculados fueron suspendidos por determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, a la fecha, el CDE no ha definido quién tomará la palabra en representación de Dorothy Pérez cuando se revise el fondo del recurso de protección que inició la contienda.
El organismo liderado por Raúl Letelier sigue analizando los antecedentes del caso. Por ahora siguen sobre la mesa las opciones de querella por mal uso de gastos reservados -malversación de caudales públicos-, infracción a la Ley de Inteligencia, obstrucción a la investigación y amenazas. Decisión se tomaría durante las próximas semanas.
En caso de la diputada, el Consejo apunta a su presunta participación en calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco. Contra el fiscal, la acción es por su presunta responsabilidad en la divulgación de información relativa a la divulgación de antecedentes protegidos.
Según el Consejo de Defensa del Estado, el abogado protagonista del caso Audio “ejerció influencias indebidas” sobre funcionarios que debían resolver los permisos para la instalación del megaproyecto industrial del Grupo Patio en Lampa.
La cita se da luego de que el Segundo Juzgado de Letras de Santiago diera curso a la acción y ordenara disponer 27 documentos solicitados por la mujer de 32 años.
El abogado suma otro revés en la antesala de su reformalización fijada para el próximo lunes 13 de enero.
La mujer de 32 años presentó una medida prejudicial contra la Subsecretaría del Interior, en la que acusa falta de protección y solicita acceso a 27 documentos relativos a su caso.
Esto, tras conocerse que el Ejecutivo acordó la compra de la vivienda del exmandatario por cerca de mil millones de pesos, para convertirla en museo. Los parlamentarios de RN solicitaron, además, evacuar un informe en derecho sobre si la compra del inmueble -de copropiedad de la ministra de Defensa, Maya Fernández -infringe la Constitución.
Tanto la Fiscalía como el CDE presentaron apelaciones a la resolución que permitió sacar de la cárcel a Barriga. Las entidades argumentaron que el tribunal adoptó una decisión errónea al cambiar una resolución sin considerar nuevos antecedentes que refuerzan las acusaciones en contra de la exjefa comunal.
El jefe comunal se encuentra con arresto domiciliario nocturno mientras es investigado por el caso de Puerto Coronel.
