El Congreso discute hacer obligatorio el retiro de centrales que el gobierno ha pactado con varias empresas de modo voluntario y condicionado. Varios expertos creen que es un riesgo alto para el sistema: por seguridad y costos. Las energías renovables, dicen, no son el sustituto perfecto. El gobierno alerta sobre los riesgos. Las empresas renovables lo creen viable y preparan estudios para ello. “Claro que es posible”, afirma la ecologista Sara Larraín.
La medida comenzaría a regir a partir del 31 de diciembre del 2025 para las plantas que tengan menos de 30 años de antigüedad.
La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que propone anticipar en quince años el retiro de estas unidades. Su avance preocupa al gobierno y a la industria pues, aunque hay consenso en que se debe acelerar la descarbonización, ven riesgos en hacerlo tan rápido sobre la estabilidad del sistema, en una mayor generación con diésel e incluso alzas de tarifa.
Iniciativa debe regresar a la comisión de Medio Ambiente para el análisis de indicaciones.
La iniciativa, iniciada en una moción parlamentaria, establece que la medida comenzaría a regir para las plantas tengan menos de 30 años de antigüedad el 31 de diciembre de 2025.
En los próximos cinco años se prevé que entrarán 5.000 MW de energía renovable al sistema. Esto, ya que saldrán las ocho obras más antiguas en base a carbón a 2024 y que representan una energía de 1.047 MW.
A la fecha, 28 centrales a carbón funcionan en el país. La última comenzó a generar recién la semana pasada.
La generadora inició un proceso para dar cierre definitivo a dos de sus unidades en Tocopilla.
