En medio de la investigación por la compra del Cesfam, el Ministerio Público solicitó el alzamiento del secreto bancario de ocho personas, incluida la jefa comunal UDI.
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A raíz de una denuncia presentada por un grupo de concejales, el ente fiscalizador determinó que la administración de Daniela Peñaloza no justificó la contratación directa de un estudio de abogados para realizar una auditoría al proceso de adquisición de inmuebles para construir el nuevo Cesfam. Además de eso, y basándose en la justificación del trato directo, no correspondía que los abogados contratados subcontrataran a otros para realizar dicho informe, en el cual se descartaron posibles delitos. A raíz de esto último se ordena el proceso administrativo. La alcaldesa, por su parte, defendió el servicio prestado, que además fue enviado al ente fiscalizador y a la Fiscalía como insumo.
El expediente del caso, que hasta hoy se mantenía bajo reserva, da cuenta de dos declaraciones clave para el Ministerio Público del jefe de control de la Municipalidad de Las Condes y el exjurídico, quienes indican todos los cuestionamientos que hubo en el proceso que llevaron a la administración a pagar, según denuncian los concejales, un alto precio por la cuestionada "casa 10", operación en la que intermedió la empresa Vulcon, la que hoy también está en la mira de las pesquisas por delitos de fraude al Fisco y eventual cohecho.
Por siete meses se han extendido las pesquisas que lidera el fiscal Rodrigo Mena, de la Fiscalía Local de Las Condes. Se han tomado una serie de declaraciones y realizado allanamientos, aunque en paralelo las gestiones de la jefa comunal ya se han visto empañadas por el pronunciamiento que emanó desde la Contraloría y que advirtió sobre complejas inconsistencias y faltas a la probidad. La militante UDI, en todo caso, ha descartado haber incurrido en ilícitos. Según dijo ante el Concejo Municipal, a ella también le habrían "ocultado información" para concretar las compras.
Con menos de un año de antigüedad en el corretaje de propiedades, una de las compañías encargadas de adquirir los terrenos e inmuebles para la instalación del tercer Centro de Salud Familiar de la comuna administrada por Daniela Peñaloza (UDI), está hoy bajo la lupa del Ministerio Público, que este jueves allanó el municipio. Todo esto, tras la denuncia presentada por los ediles que alertaron presuntas irregularidades e ilícitos en esta adquisición. Según su denuncia, la empresa obtuvo un pago de sobreprecios, y sostienen que habría existido ocultamiento de información por parte de la alcaldía.
