El incidente, en el que un adolescente murió y funcionarios del centro de salud fueron amenazados para no atender a los heridos, movilizó a todas las autoridades del Ministerio del Interior en el marco de la presión del Congreso por decretar estado de excepción en la RM y de las críticas del alcalde de Puente Alto que emplazó a la ministra del Interior.
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