La presentación de una querella por tráfico de influencias del INDH, más la apertura de una investigación penal de oficio por violación de secretos, tiene en una posición incómoda a los ministros del máximo tribunal del país. La situación los pone en el centro de una causa penal que desnuda las tratativas para sus nombramientos en el único poder del Estado que no está sometido a votación popular. Justamente, para resguardar su independencia.
