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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acogió parcialmente la demanda de Interconexión Eléctrica (ISA) contra el Estado de Chile por la negativa de prórrogas en la ejecución del proyecto Cardones-Polpaico. El tribunal condenó a Chile a pagar unos US$ 16,5 millones, más intereses, aunque la empresa había solicitado US$ 230 millones. La disputa se originó en retrasos atribuidos a actos de violencia en La Dormida y problemas administrativos. Chile argumentó que ISA asumió esos riesgos conforme a las bases del contrato.

El Primer Tribunal Civil de Santiago, luego de que Wom anunciara que llevaría el caso ante el Ciadi, se declaró incompetente para levantar o mantener la medida precautoria que suspende los cobros. Sin embargo, el CDE insiste en que, si interpuso la medida, puede levantarla.

Durante toda una semana, en junio, los abogados de los accionistas franceses y de Chile participaron en las audiencias del caso en Washington. Entre los testigos acudió el ex ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno. Tras tres años de juicio, ahora queda esperar el fallo de un tribunal de tres integrantes. Cancillería estima que podrían tener la decisión final en el segundo semestre del 2025.

Cuatro semanas después de que la compañía de telecomunicaciones anunciara que avanzaría en su ofensiva contra el Estado por el caso de la red 5G, la causa en el Ciadi fue registrada en Washington. El grupo es asesorado por el estudio estadounidense White & Case.

Luego de que el CDE emitiera una solicitud para levantar la medida prejudicial precautoria con la que suspendieron los cobros y la ejecución de la boletas de garantía, Wom decidió avanzar en el proceso de arbitraje en el CIADI.

La mesa técnica que acaba de concluir su trabajo respaldó el licitar el stock de afiliados que mantienen las AFP, medida incluida en la reforma previsional del gobierno como una forma de promover la competencia. La posición de las AFP al respecto es que de prosperar algo así, podrían demandar a Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Sobre ello, en 2023 el constitucionalista y exministro del Interior, Mario Fernández Baeza, realizó un estudio jurídico que establece que “es posible un caso contra Chile en el CIADI. Pero, si así ocurriera, su veredicto sería favorable para nuestro país”.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) registró a fines de mayo una solicitud de arbitraje por US$600 millones de parte de Neltume Ports, firma controlada por la chilena Ultramar y la canadiense ATCO, y que opera en el puerto de Montevideo. “El gobierno de Uruguay adoptó una serie de medidas, incluyendo decretos del Poder Ejecutivo, que impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores al interior de las áreas habilitadas a estos efectos”, dice el gerente de desarrollo de Neltume Ports, Fernando Reveco.

El 15 de noviembre, el Ministerio de Hacienda designó a ocho integrantes para la lista de árbitros y conciliadores del tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. Por primera vez lo integran cuatro mujeres: Ximena Fuentes, Sabina Sacco, Johanna Klein y Carolina Valdivia. En la lista de árbitros están además Andrés Jana y Ricardo Vásquez.

El proceso ha sido suspendido tres veces desde que fue activado por la minera estatal chilena −en diciembre de 2021− para buscar un acercamiento entre las partes. El nuevo plazo vence el 28 de diciembre.

En marzo de este año, la concesionaria recurrió al panel técnico de concesiones, para revisar los términos del contrato que tiene con el Ministerio de Obras Públicas.

Ya es oficial. Tras varios meses de conversaciones amistosas, los accionistas franceses de Nuevo Pudahuel, Groupe ADP y Vinci Airports, presentaron una demanda arbitral en el organismo con sede en Washington. Grupo ADP (Aeropuerto de Paris) es controlada por el gobierno francés. La acción fue notificada el viernes a la Cancillería. “Chile ha actuado con estricto apego al derecho internacional”, respondió el subsecretario Rodrigo Yáñez.

La compañía envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, iniciando el período de consultas amistosas. La firma tiene seis meses para acudir a tribunales internacionales. Las compañías locales y extranjeras ya definen sus equipos legales para las batallas que vienen: Metlife trabaja con Carey & Cia. y Consorcio fichó a Claro & Cia.

"Se les estaría violando sus derechos en esa materia”, afirmó el líder de la CPC, Juan Sutil.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, reconoció que esta iniciativa y el tema del royalty a la minería están causando un "deterioro" de la imagen de Chile.

El conflicto se da en el marco de los retrasos en la construcción de la línea de transmisión eléctrica Cardones - Polpaico, la más grande del país,