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En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, Juan Carlos Manríquez, el abogado defensor de Ángela Vivanco -la removida jueza de la Corte Suprema- se refirió a los recursos que están llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Estamos afinando nuestras presentaciones, nuestras acciones y probablemente las vamos a ingresar en el plazo", sostuvo, agregando que "nuestra línea particular va a ser exponer las eventuales -nosotros creemos acreditadas- vulneraciones a las garantías del debido proceso" en la destitución contra Vivanco. En esa línea, el abogado expresó que un potencial juicio en la instancia internacional buscaría "reestablecer el pleno respeto de los derechos fundamentales" de la exmagistrada, lo que no significaría "necesariamente" su reincorporación al máximo tribunal nacional.

El Estado chileno, según la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), deberá entregar las condiciones para que Mauricio Hernández Norambuena -hoy preso en territorio nacional-, pueda comparecer en la audiencia en la que se escucharán los testimonios que permitirán determinar si Brasil violó los derechos humanos del exguerrillero mientras estuvo recluido en la cárcel de São Paulo.

El caso de Beatriz, la joven a la cual el Estado salvadoreño le negó el acceso al aborto pese a la inviabilidad de su embarazo dio a la vuelta al mundo y se convirtió en la primera denuncia de este tipo en llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso Beatriz se convirtió en un símbolo de la prohibición total del aborto en la nación latinoamericana, que castiga con prisión a quienes se someten al procedimiento, lo realizan o ayudan con esta práctica.

"Son miles de familias las que están hoy día amenazadas por una orden de desalojo que podría cumplirse en cualquier momento. Hay que tomar en cuenta que dentro de las miles de personas que viven hoy día en el campamento Centinela hay niños, personas mayores y enfermos", señaló el diputado comunista, Luis Cuello.

En su fallo, la corte considera que el Estado chileno no otorgó a las víctimas recursos judiciales efectivos como medidas de reparación por los hechos -tras cuestionar un dictamen de la Corte Suprema- y lo condenó a pagar millonarias compensaciones a los dueños de la emisora.

El organismo llamó al país a adoptar medidas para garantizar la vida de las personas que han resultado retenidas por los adherentes de Evo Morales y pidió a los líderes políticos pronunciarse por los violentos hechos.

Con gran parte de la población en las calles durante este miércoles, el país se encuentra en estado de incertidumbre tras los cuestionados comicios del 28 de julio. La presidenta de la CIDH denunció un aumento de la represión en el marco de la crisis poselectoral.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha registrado alrededor de 1.505 detenciones entre el 28 de julio y el 19 de agosto, incluidos al menos diez periodistas.

El Parlamento de ese país cuestionó las observaciones del organismo internacional, que advirtió que de promulgarse el proyecto provocaría la impunidad de delitos de lesa humanidad, reafirmó su intención de tramitar las iniciativas legislativas que considera convenientes.

El 7 de febrero se realizará la audiencia pública en la Corte Interamericana de DD.HH., por el caso de la expropiación de la Radio La Voz del Sur durante el golpe de 1973 y la responsabilidad del Estado de Chile por la falta de acceso a un recurso judicial efectivo para la reparación por la confiscación de la emisora.

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recurrieron los abogados en Chile de los hermanos Améstica, imputados por el doble homicidio contra Tyrone González y su mánager, Carlos Molnar. La solicitud de la medida cautelar pide que el Estado chileno proteja y garantice sus derechos en el país caribeño. "Han sido sujeto de malos tratos -e incluso de tortura- para obtener confesiones mediante el uso de la fuerza", sostienen los abogados.

En entrevista con La Tercera durante su paso por Santiago, el ministro de RR.EE. peruano abordó el complejo momento que vive la región en cuanto a seguridad, los desafíos internos de Dina Boluarte, el caso Fujimori y los megapuertos de su país.

La parlamentaria, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, manifestó sus reparos a la iniciativa que contempla impedir la entrega de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales, y también a aquellos que registren condenas de carácter penal.