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Parlamentarios de oposición enviarán hoy una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de DD.HH.

Comisión Interamericana de DD.HH. citó mañana al Ejecutivo y a abogados de los demandantes.

Comisión Interamericana de DD.HH. citó mañana al Ejecutivo y a abogados de los demandantes.

El presidente de la colectividad señaló que resulta "impropio" que un partido de gobierno recurra a una instancia internacional para denunciar una norma impulsada por el Ejecutivo.

Ayer el Partido Comunista anunció que recurrirá a este organismo internacional para que se pronuncie respecto del control preventivo aprobado la semana pasada en el parlamento.

Además pidió al gobierno estadounidense que "adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso a la atención médica y al tratamiento necesario" de Al Alwi.

El gobierno de Caracas declaró "ilegal e inmoral" la petición hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación en el país.

Según el movimiento, la idea es llegar a un acuerdo durante marzo para oficializarlo en abril, según comprometieron previamente Segegob y Cancillería.

El Movimiento de Liberación Homesexual presentó una iniciativa a la Cancillería. De lograr un acuerdo entre ambas partes en marzo, se firmaría en abril.

La reunión se celebrará el 11 y 12 de febrero en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.

Vicepresidenta de Comisión Interamericana de DD.HH. se reunió con esta agrupación y representantes de Cancillería, Justicia y Segpres.

Según revela Reportajes en su edición de este domingo, el organismo internacional envió, a mediados de octubre, una carta formal a la Cancillería en la que notifica su decisión de iniciar a trámite el requerimiento presentado por ex ministra. 

"Aunque la mayoría de los Estados Miembros de la OEA ha abolido la pena capital, una minoría importante la mantiene. Estados Unidos es actualmente el único país de las Américas donde se llevan a cabo ejecuciones a la pena de muerte", indicaron.

Dejar sin efecto las condenas, pagar indemnizaciones y entregar becas de estudio son algunas de las órdenes que el tribunal internacional exigió al Estado a favor de quienes fueron procesados bajo la Ley Antiterrorista en 2003.

El organismo por la diversidad envió una carta a la Presidenta Michele Bachelet pidiéndole hacer pública la forma en que actuará el Ejecutivo.