El Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a Eduardo Bobadilla López y a Alberto Daiber Vuillemin por su presunta participación en un fraude inmobiliario. Debido a la gravedad de los hechos y a los montos comprometidos, los querellantes solicitarán la prisión preventiva para los facultativos.
El jefe de seguridad del recinto médico habría boicoteado a los más altos ejecutivos, pagado a un funcionario de la PDI para que siguiera a supervisores y operarios y ubicado micrófonos ocultos en algunos departamentos de la clínica.
"La regularización señalada forma parte de un acuerdo con Clínica Santa María con el que damos por superados los inconvenientes que se pudieron haber generado", dijo la isapre.
La primera fiscalización realizada a hospitales, clínicas y centros de salud reveló que de 83 reclamos resueltos el primer semestre del año pasado, 45 implicaron corregir o devolver dineros cobrados de más.
