La CMF determinó que la corredora de bolsa votó en la junta de accionistas –que sacó del directorio a Mosa- a nombre de 21 clientes, pero sin tener sus respectivas autorizaciones, por lo que la multó con 500 UF ($14 millones).
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El regulador determinó que Almacenes de Depósitos Nacionales (Almadena) no cumple el requerimiento de patrimonio mínimo.
Entre otras variables la Comisión Para el Mercado Financiero plantea ampliar las exigencias de monto diario transado y el número de días negociados.
Hasta ahora el cómputo de los activos ponderados por riesgo para la determinación de los requerimientos de capital de los bancos consideraba únicamente el riesgo de crédito.
Lo anterior, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado en 2018 en contra de esta entidad.
Esto, luego de que el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, comentó que la norma sobre bancos sistémicos que puso en consulta la CMF exige más capital en comparación a otros países.
Se trata de tres Administradoras Generales de Fondos y cincuenta Administradoras de Fondos de Inversión Privados.
Se trata de los lineamientos para identificar bancos sistémicos, los cuales a 2018 eran seis, y necesitarían unos US$2.500 millones adicionales.
Un poco más de la mitad es lo que se exigirá al sector en general y el resto se aplicará a los denominados sistémicos. En paralelo, calculan un beneficio económico para el país por la implementación de esta normativa.
"Atendida la distribución y dispersión de la propiedad de CLC (...) esta Comisión puede concluir que el grupo Auguri no adquirió el control de CLC, toda vez que no puede influir decisivamente en su administración, por lo cual no ha infringido las disposiciones del Título XXV de la LMV, al haber adquirido acciones de esa sociedad, por intermedio de Lucec Tres", expresó la CMF.
En la carta, firmada por Gustavo Gómez, gerente general de la empresa, señaló que, por una parte, los impactos conocidos a la fecha son las indemnizaciones automáticas contempladas en la Ley N°19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores, que se estiman en $2.500.000.000, y los efectos en menor facturación estimados en $250.000.000.
El oficio firmado por Cristián Álvarez, intendente de supervisión del mercado de valores, exige a la compañía informar los efectos financieros en los resultados de la sociedad y la existencia de seguros comprometidos.
El acuerdo dice que "frente a un aumento de grado del personal traspasado, se le pagará la remuneración del grado que le corresponde según la escala CMF, y además, continuará percibiendo el monto que por planilla suplementaria venía recibiendo".
El gerente general de la empresa informó a la Comisión para el Mercado Financiero que esta idea ya había sido notificada al mercado y accionistas controladores.
Christian Larraín, comisionado del la entidad reguladora, adelanta que contratarán una nueva asesoría para determinar la estructura final que adoptará la Comisión para el Mercado Financiero. La decisión la podrían tomar el primer semestre del próximo año.
