El mandatario afirmó que "si se comprueban las acusaciones es un escándalo gravísimo", agregando que ni el ministro de Educación ni el Gobierno tienen facultades para cerrar universidades, pero sí para crear un mejor sistema de acreditación.
Se busca precisar en las actas los nombres de quienes votan por cada acreditación, pues hasta ahora sólo se consigna el resultado final.
El empresario detenido por su presunta participación en el delito de cohecho y lavado de dinero niega las acusaciones. "Nadie puede cuestionarnos", asegura.
La Corte de Apelaciones consideró que los imputados causaron un grave perjuicio a la institucionalidad.
El presidente de la instancia, Carlos Cantero, indicó que "cuando un funcionario público conoce una irregularidad inmediatamente debe dar curso progresivo a la autoridad fiscalizadora pertinente".
Informe, solicitado por el gobierno, plantea que la certificación sea obligatoria para todas las universidades, institutos y centros de formación técnica.
Consejo Nacional de Acreditación evalúa anular certificación de universidades investigadas.
Por primera vez el organismo implementará una política que podría quitar la certificación a instituciones ya acreditadas. El vicepresidente del organismo, Sergio Pulido, señaló que solicitarán al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes de las instituciones que ahora son investigadas.
Sergio Pulido, vicepresidente del Comisión Nacional de Acreditación, explicó que existen dificultades de control de procedimientos, pero no que no existen, tal como lo reveló el informe de la Contraloría.
Según Patricio Basso, ex secretario ejecutivo, una vez que asumió la actual administración, el Ejecutivo tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la Comisión, hecho que no se concretó y se dejó a Díaz.
Se espera que el caso sea analizado por el Consejo de Defensa del Estado, para que estudie si formará parte de la investigación como parte querellante.
Eugenio Díaz es indagado por su rol en la entrega de una presunta acreditación irregular a la U. del Mar.
Patricio Basso sentenció que "el deber de todo funcionario público es poner en conocimiento de la justicia situaciones que puedan ser constitutivas de delito", lo que no ha hecho el titular del Mineduc frente a los antecedentes de lucro.
El recién destituido secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, aseguró que envió antecedentes de irregularidades al ministro Beyer.
A raíz de las críticas al organismo acreditador por los lazos de sus miembros con universidades, Iñigo Díaz reconoció la existencia de conflictos de interés y propuso modificar la composición de este consejo.
El viernes pasado la Comisión Nacional de Acreditación, sostuvo que el secretario de Estado debía "informarse antes de emitir juicios".
