Otros dos funcionarios de la institución detenidos por el caso también fueron formalizados esta jornada, aunque solo uno de ellos quedó con la medida cautelar menor de arraigo nacional. Desde Carabineros confirmaron la baja de los implicados.
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La iniciativa, que pasó al Senado, establece que cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. Además, se incluyen dentro de los ilícitos la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el cohecho.
El individuo habría mostrado a personal policial una cédula distinta a la suya para ocultar su identidad, ya que tenía una causa judicial vigente.
Luego de acreditar la participación de Mario Morales en los ilícitos de corrupción, fue dictada la encarcelación preventiva del exedil, durante el tiempo que transcurra hasta la audiencia de lectura de sentencia, debido a que las penas asociadas serían efectivas.
La Fiscalía de O’Higgins apuntó que la ex autoridad comunal habría defraudado unos $2.300 millones.
Los hechos que vinculan al concejal Miguel Carvajal (PS) se enmarcan en el caso “Siglo Verde”, respecto de un proceso de licitación en la que se detectaron acciones irregulares destinadas a declarar desierto el proceso, para luego motivar una asignación directa de los servicios de mantención de las áreas verdes de la capital regional de Atacama.
El hombre se saltó una señalética lo que derivó en el control de los efectivos policiales, quienes lo terminaron arrestando cuando entregó el dinero.
Una serie de modificaciones han tenido delitos como el cohecho, soborno, entre otros delitos económicos que podrían aplicarse en el denominado caso audio. Sin embargo, la última modificación a la Ley de Delitos Económicos que establece penas efectivas para estos casos, no alcanzaría a influir en la situación judicial de Luis Hermosilla.
La medida fue adoptada en el marco del sumario interno que lleva Gendarmería, donde se indagan además denuncias del personal del referido complejo penitenciario, que acusan que la coronel Ana María Garrido habría facilitado el acceso del hijo del condenado, el senador Javier Macaya, a las instalaciones del penal.
A Cristián Muñoz Pérez se le le acusa de haber recibido un vehículo en forma de pago por hacerse parte de gestiones judiciales y también por revelar a un socio la concurrencia de la PDI en el marco de una investigación por drogas. Se fijaron 90 días para la investigación.
En el escrito el organismo expone una serie de situaciones que justifican la presentación de la acción judicial por la presunta autoría del alcalde de Recoleta en delitos como cohecho y fraude al Fisco.
Además, desde la institución uniformada confirmaron que aún falta concretar la detención de un oficial de la institución, diligencia que debería concretarse en el transcurso de esta tarde.
Luego de que el fiscal regional Centro Norte ingresara solicitud para formalizar al alcalde de Recoleta por delitos de corrupción, su defensa insiste en que no hay elementos concretos que lo vinculen a los delitos que se le imputarán. A juicio de ellos, se persiste en encausar al jefe comunal con el objetivo de posicionar mediáticamente la causa.
El Ministerio Público solicitó fijar audiencia en donde, además del jefe comunal de Recoleta (PC), se formalizará a otras siete personas.
La solicitud fue planteada de manera "urgente" y quedó fijada para el próximo 9 de abril, donde se comunicarán los delitos investigados contra Juan Ramón Godoy Muñoz.
