Patricio Walker, Alfonso De Urresti, Isabel Allende y Pedro Araya presentaron una moción que modifica el Código Penal para aumentar las penas establecidas para estos delitos.
La Tercera
8 abr 2015 06:32 PM
Patricio Walker, Alfonso De Urresti, Isabel Allende y Pedro Araya presentaron una moción que modifica el Código Penal para aumentar las penas establecidas para estos delitos.
Patricio Walker, Alfonso De Urresti, Isabel Allende y Pedro Araya presentaron una moción que modifica el Código Penal para aumentar las penas establecidas para estos delitos.
El Ministerio Público pidió para Mitzi Carrasco una pena de 5 años de libertad vigilada y el pago de $246 millones a través de propiedades.
Cifras de la Fiscalía Nacional también detectaron incrementos en los casos de soborno. Las condenas por este ilícito cayeron de 96, en 2012, a 26 el año pasado, según el Poder Judicial.
La acción legal se presentó el viernes y aduce que la otrora autoridad habría recibido pagos del holding entre 2010 y 2011.
Consejo de Defensa del Estado consigna en la querella que el empresario Francisco Ortúzar pagó 25 millones de pesos a ex asesor de la diputada Isasi en antesala de discusión de la ley de pesca.
Amado Boudou fue procesado el viernes por los cargos de cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo.
La Fiscalía Centro Norte anunció que presentará un recurso de nulidad ante la resolución adoptada por dos votos contra uno.
Tras ser declarado culpable en un juicio abreviado, Carlos Reyes reconoció que "mi comportamiento no fue el más digno para un funcionario público".
Por el delito de cohecho serán formalizados tres imputados, en el marco de presuntas irregularidades que costaron la salida de la ministra de vivienda Magdalena Matte, en abril de 2011.
El Ministerio Público sumó nuevos delitos al ex alcalde Waldo Sankán y al empresario Jorge Frías Esquivel. También se imputó a dos inspectores técnicos de obras por adulterar informes.
El mandatario afirmó que "si se comprueban las acusaciones es un escándalo gravísimo", agregando que ni el ministro de Educación ni el Gobierno tienen facultades para cerrar universidades, pero sí para crear un mejor sistema de acreditación.
Héctor Zúñiga se dirigió voluntariamente al 8º Juzgado de Garantía de Santiago, tras enterarse de la determinación de la justicia a través de los medios de comunicación.
Andrés Iturra aseveró que, por el momento, no existe una denuncia formal por cohecho. "Si la hay, el ministerio público abrirá una investigación".