El exmandatario fue declarado culpable en los delitos de colusión y lavado de activos para favorecer con contratos a la empresa Odebrecht por la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une a Perú con Brasil.
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Un mes después de los allanamientos a los ejecutivos de Enjoy, Dreams y Marina del Sol, los socios canadienses de Clairvest acusaron en una carta a Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol, de ocultar información y actuar de manera unilateral en la solicitud de clemencia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Los directores de Clairvest lo criticaron por intentar protegerse a sí mismo y a su empresa familiar Valmar, "implicando falsamente" a Clairvest en el esquema de colusión, según indican.
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El empresario es dueño del casino de Santa Cruz, que compite directamente con el mayor centro de juegos del país, Monticello, propiedad de la compañía que se lleva la multa más alta en la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Cardoen es cauto respecto de la acusación a sus competidores: "Muchas veces en este país se condena a la gente cuando es imputada, pero no cuando se han demostrado sus delitos”.
La Fiscalía Nacional Económica acusó a cinco personas de orquestar una colusión para no competir en el mercado de los casinos. Los tres presidentes de Enjoy, Marina del Sol y Dreams, además de dos gerentes de esta última, pactaron, según el organismo, no competir entre ellos por 14 plazas de casino concursadas entre 2021 y 2022. Marina fue el delator, no tendrá multa, pero arriesga dos permisos de operación. Para Dreams, se pidieron US$ 112 millones en la mayor multa de la historia y la revocatoria de cuatro licencias de casinos. Enjoy arriesga US$ 37 millones y cuatro operaciones. Entre todas ellas, las dos más cercanas a Santiago: Rinconada Los Andes y San Francisco de Mostazal. Los cinco acusados tienen entre 49 años, el menor, Nicolás Imschenetzky, y 66 años, el mayor, el empresario Claudio Fischer, el más acaudalado del grupo.
Colusión Ministro Grau advierte que puede haber consecuencias penales en caso de colusión de casinos
"Las penas o las sanciones que se están pidiendo son las más altas que se han pedido en la implementación de este tipo de ley. Estamos hablando de US$150 millones. La evidencia que tiene la Fiscalía es muy contundente", dijo el secretario de Estado.
La cadena de casinos intentará que el Tribunal de Libre Competencia desestime la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. La empresa dijo rechazar "cualquier actuación que atente contra la libre competencia y las prácticas contrarias a un sano desenvolvimiento de la industria”.
"Se tiene que fiscalizar y revisar todos los antecedentes hasta llegar al final", comentó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy
Los ejecutivos de las tres empresas, de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica, se comunicaban entre sí, donde habrían pactado evitar la competencia entre ellos y así ofertar menos dinero en las licitaciones de la Superintendencia de Juegos de Casino, entre 2020 y 2021.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) reveló conversaciones privadas entre los ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol, expuestas en su requerimiento por colusión en la licitación de permisos de operación de casinos. Las charlas, realizadas en WhatsApp y la plataforma Confide, demuestran cómo los directivos Jaime Wilhelm, Henry Comber y Nicolás Imschenetzky orquestaron un acuerdo para evitar la competencia y mantener el control de sus respectivas plazas.
El organismo pidió la mayor multa de la historia para Dreams, con US$ 112 millones. Para Enjoy solicita una sanción de US$ 37 millones. Marina del Sol se acogió a la delación compensada. La fiscalía también acusa a tres ejecutivos de Dreams, Jaime Wilhelm (ex gerente general de Dreams), Claudio Fischer (presidente y controlador) y Claudio Tessada (ex gerente de finanzas) y el ex presidente de Enjoy, Henry Comber. Además, solicita poner término a los permisos de operación obtenidos en 2020 y 2021 y desliza que habrá persecución penal.
Rui Sanches Da Silva, expresidente de Loomis para Latinoamérica, y Cristián Catalán Jerez, excountry president de Loomis, presentaron dos recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, paralizando el juicio de colusión contra las empresas de transporte de valores. La defensa busca evitar que Sanches Da Silva declare bajo juramento, argumentando que vulneraría su derecho a no autoincriminarse. Sanches y Catalán están entre los seis directivos acusados de colusión por la Fiscalía Nacional Económica, que exige multas millonarias a Prosegur y Brink’s.
Las mineras Centinela, Zaldívar, Antucoya y Los Pelambres, operadas por Antofagasta Minerals (Amsa), solicitaron al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) participar como terceros coadyuvantes en el caso de colusión entre Indura y Linde Gas Chile. Estas empresas aseguran que las prácticas anticompetitivas denunciadas afectaron directamente sus operaciones, en particular en un proceso de licitación para la provisión de gases industriales esenciales para la minería.
