La Fiscalía Nacional Económica lleva adelante dos investigaciones: una presunta colusión en los mercados de centolla en la Región de Magallanes y otra contra cuatro empresas por una licitación de cuotas de merluza común en las regiones de Coquimbo y Los Lagos. La primera indagatoria comenzó a fines del año pasado. En el caso de la merluza, iniciada en 2019, la controversia entre la fiscalía y una pesquera llegó a la Corte de Apelaciones.
Esto en el marco de la acusación realizada por la FNE en octubre de 2021 apuntando a las tres mayores empresas locales de transporte de valores -Brink’s, Prosegur y Loomis-, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haberse coludido para fijar precios entre 2017 y 2018.
Los argumentos de la FNE fueron expuestos este miércoles ante la Primera Sala del Tribunal Constitucional por el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, en la audiencia convocada para resolver la admisibilidad del recurso.
“Esta decisión del Tribunal acredita la existencia de un acuerdo que afectó a un mercado tan sensible como el combate aéreo de incendios forestales desarrollado mediante aviones”, dijo el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
La Corte Suprema mantiene abiertos tres procedimientos de ayuda internacional a las jurisdicciones de España, Portugal y Uruguay a solicitud del Tribunal de Defensa de La Libre Competencia por las dificultades que ha reconocido la Fiscalía Nacional Económica en la notificación del requerimiento a ejecutivos acusados.
En referencia a los casos emblemáticos de colusión que ha vivido el país, Ricardo Riesco dijo que incumplimientos de este tipo, por el efecto mediático, "pueden llevar a la quiebra de las compañías involucradas”.
La resolución del regulador hispano daba cuenta de que ambas compañías utilizaron diversas estrategias para repartirse el mercado.
“Por supuesto. Si la legislación lo permite y los méritos de los hechos (lo respaldan y), así lo consideran los tribunales y los jueces, se tiene que aplicar de esa manera”, dijo Juan Sutil, presidente de la CPC. Desde la Sofofa y la CNC también hubo fuertes críticas.
Desde Brink’s señalaron que “nos ponemos a total disposición de la autoridad", mientras que en Prosegur indicaron que “Prosegur Cash ha colaborado con la Fiscalía Nacional Económica desde el inicio de la investigación que se llevó a cabo en este proceso”,
El último caso conocido es el del cartel en el mercado del trasnporte de valores.
“Todo este tipo de colusión siempre el consumidor es el que paga los platos rotos”, dijo Stefan Larenas, presidente de Odecu.
La autoridad presentó una denuncia en el Tribunal de Libre Competencia contra Brink’s, Prosegur y Loomis, a las que acusa de fijar sus precios entre 2017 y 2018. Además, pidió multar a los tres gerentes generales de las empresas y dos ejecutivos regionales. El caso se abrió con una delación compensada de una ejecutiva de Brink´s y afectó a varios bancos e incluso a la Teletón de 2018.
El plazo para retirar el dinero termina en diciembre de este año.
Aunque la acción judicial fue presentada en 2015 también contra CMPC, la compañía del grupo Matte acordó pagar compensaciones en 2017 y la demanda en su contra fue retirada. En el caso de la sueca SCA, el 10 Juzgado Civil de Santiago determinó que no procedía la demanda colectiva ya que no había una relación directa entre la empresa y los consumidores.
Se trata de la tercera demanda que enfrentan estas empresas, por el cartel que generó un perjuicio económico de US$ 1.500 millones, según los informes encargados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El episodio se da a conocer luego de que en octubre de 2015 la Corte Suprema confirmara que existió un acuerdo coordinado por el gremio que las reunía. Mientras Conadecus y Fojucc calificaron como "pobres" los argumentos esgrimidos por las empresas.
