Los casos de mujeres obligadas a ejercer el comercio sexual van al alza. En 2021, la PDI recibió 53 casos. Este año ya van 61 instrucciones para abrir indagatorias vinculadas a este delito. Además del aumento, los investigadores han descubierto otro rasgo. Uno, sobre todo vinculado al Tren de Aragua: ahora, además de víctimas, las mujeres también son parte de la cadena criminal.
Dos escorts brasileñas fueron víctimas de cuatro ciudadanos venezolanos que terminaron golpeándolas en un departamento, arrendado por Airbnb, en la comuna de Las Condes. Los vecinos exigen mayor seguridad en el edificio.
Sujeto realizó alrededor de 13 disparos contra las mujeres durante la madrugada de este martes.
El jefe comunal dijo que “no se buscó demoler ninguna vivienda ni desalojar a ninguna familia". A pesar de eso, un hogar fue destruido al ser pasado a llevar por la maquinaria municipal. Otros 13 inmuebles conflictivos fueron allanados y echados abajo.
Los hombres, de nacionalidad venezolana, secuestraron a la mujer en el centro de Santiago para luego ejecutarla en el sector de El Noviciado, en Lampa. La PDI y el Ministerio Público indagan como móvil una disputa de territorio para ejercer el comercio sexual.
Detectives permanecen en alerta ante el aumento de los casos y por el recrudecimiento de la violencia aplicada por los responsables. De acuerdo con datos policiales, en la última operación realizada se detectó que Los Orientales, una banda dedicada a este delito, obtuvo réditos económicos superiores a los cuatro mil millones de pesos, sólo por la explotación sexual de mujeres.
Una parte oscura de la historia de Corea del Sur después de la Segunda Guerra Mundial oculta mujeres obligadas a prostituirse, mientras el gobierno coreano y estadounidense habrían estado al tanto de todo lo que pasaba. Al menos así lo debaten en los tribunales.
Todas las crisis de Santiago conviven en el Portal Fernández Concha: la habitacional, la migratoria, la de seguridad. Incluso la de salud mental. En los siete pisos de ese edificio patrimonial, habitados por trabajadoras sexuales, comerciantes y extranjeros, lo único que une a los residentes es la sensación de que, en verdad, nadie quiere estar ahí.
Los reclamos de vecinos de las calles Bustamante, Santa Isabel, Vicuña Mackenna, entre otros sectores, dan cuenta de conductas que afectan el normal funcionamiento del espacio público. Las denuncias llegaron al concejo municipal, lugar en que se hizo un crítico diagnóstico de lo que ocurre en al comuna. Por lo mismo, se tomó la decisión de atacar este problema con una medida que -reconocen- puede afectar la vida privada de las personas, pero que solo busca el bienestar de los vecinos.
Las restricciones por la pandemia erradicaron la prostitución de la Plaza de Armas, pero el relajamiento de las medidas devolvió el fenómeno al sector. Concejales denuncian mafias de explotación sexual, que obligarían a mujeres a vender drogas y cometer asaltos. Mientras, se reabre el debate sobre una regulación del oficio.
En el marco de las indagatorias realizadas por el Ministerio Público y Carabineros, se ha logrado formalizar a alrededor de 30 personas por este delito.
