La firma estadounidense presentó un recurso de reposición para reabrir la investigación, afirmando que “es claro que se verifican todos los requisitos para la imposición de derechos antidumping”.
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La decisión se adoptó sin recomendar la aplicación de medidas, señaló el organismo.
Luego de que la filial del grupo CAP dictaminó la suspensión indefinida de las operaciones siderúrgicas, solicitó abandonar el proceso iniciado a fines de noviembre. Así, tras más de ocho meses, la investigación podría llegar a su fin. Magotteaux, filial de Sigdo Koppers, pidió dejar sin efecto la medida provisional adoptada en febrero y revisada al alza en abril.
La firma chilena, perteneciente al grupo Claro, acusó que las nuevas medidas provisionales confirman la arbitrariedad y politización del proceso”. También remarcó que las nuevas estimaciones para las sobretasas “nuevamente crean artificialmente un margen dumping de Elecmetal que no existe si se calcula según lo requieren los acuerdos”.
El ministro explicó que según la legislación actual, una vez finalizada la investigación, las medidas definitivas se mantendrán por un año. Para cambiar esto se debe enviar un proyecto que debe ser liderado por el Ministerio de Hacienda.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, estimó que en el acta de la Comisión Antidistorsiones se justificará de forma técnica la decisión de sobretasas al acero chino, y espera que la medida de espacio para que las mineras y la firmas locales de la industria del acero, como CAP, generen acuerdos de largo plazo que den sostenibilidad al mercado local.
El secretario de Estado dijo que espera que la decisión sea conocida dentro de una semana más, cuando el acta de la sesión sea remitida al Ministerio de Hacienda, y luego de que el Presidente Gabriel Boric dé su visto bueno a la recomendación del ente asesor.
El documento, encargado por Molycop, detalla una serie de ajustes que aumentan el cálculo del margen de dumping aplicado en forma provisoria. Entre ellos, está el desfase de tres meses entre las órdenes de compra y la entrega de los productos, y la exclusión de las empresas chinas en modelos para medir las utilidades de los productores a nivel mundial. Todo, cuando la instancia se ha vuelto a reunir en dos ocasiones para estudiar nuevos antecedentes.
Tres exjefes de la antigua Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Alejandro Jara, Carlos Furche y Osvaldo Rosales, enfatizan en la necesidad de que la Comisión Antidistorsiones, que recomendó la aplicación de sobretasas y que ahora deberá considerar los nuevos antecedentes que aportaron las empresas afectadas en sus apelaciones, evalúe todos los antecedentes disponibles y no sólo los aportados por una de las partes interesadas (CAP), como ocurrió en su primera decisión.
En su presentación ante la comisión de Economía del Senado, el secretario de Estado aseguró que el potencial cierre de Huachipato podría generar la quiebra de más de trescientas pymes, afectando directamente a 66 mil trabajadores.
En el expediente público de la Comisión Antidistorsiones, la firma china HSS Group entregó antecedentes adicionales a los requeridos en su calidad de comercializadora de productos industriales hacia Chile. En ellos da cuenta de que Siderúrgica Huachipato compró más de 3.800 paquete de barras de acero, en mayo de 2022, el mismo producto sometido a investigación, los que fueron entregados en el puerto de San Vicente. La filial de grupo CAP dijo que dichas transacciones fueron necesarias para "balancear el déficit de producción" que se les produjo tras un enfriamiento no programado del Alto Horno entre enero y febrero de ese año.
Los tres integrantes de las entidades autónomas -el fiscal nacional subrogante, Felipe Cerda, quien presidió la instancia técnica, además de Francisco Ruiz y Beatriz Velásquez, del instituto emisor- no concurrieron con el voto de mayoría. Los representantes del gobierno, de los ministerios de Hacienda, Agricultura, Economía, Relaciones Exteriores y de la Dirección Nacional de Aduanas, estuvieron a favor. La empresa afectada Elecmetal y la SNA criticaron una eventual politización del proceso.
La filial del Grupo Claro sostuvo que el trabajó de la Comisión Antidistorsiones tiene errores de cálculo, que sus propuestas no serían técnicas y que lo planteado incumple los tratados internacionales.
La aplicación de las medidas provisionales tendrá un plazo de vigencia no mayor a los cuatro meses, a la espera de la resolución definitiva que debe dictar la Comisión Antidumping a más tardar el próximo 9 de septiembre.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dice que ahora queda esperar que la Comisión Antidistorsiones se vuelva pronunciar sobre las tasas contra la importaciones de acero chino y parparse para reubicar a los trabajadores de la Siderúrgica Huachipato en caso de un cierre definitivo.
