Aunque albergó algún recelo al saber que el gobierno crearía la Comisión Asesora contra la Desinformación, el abogado y profesor de la U. de Los Andes se convirtió en uno de sus nueve miembros. Hoy habla, entre otros temas, del primer informe del órgano.
El documento que se hizo público este martes ahonda en el estado de la desinformación a nivel global, sobre como funciona a nivel local y la experiencia comparada. Las recomendaciones finales serán entregadas en noviembre.
La Cámara Alta aprobó el 19 de julio un proyecto de acuerdo -presentado por Chile Vamos, Republicanos y Demócratas- que acusa que el decreto con que el gobierno creó la instancia “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
El abogado, que hace más de 20 años ganó notoriedad por el caso de La Última Tentación de Cristo, aborda el decreto gubernamental que creó una comisión encargada, entre otras tareas, de entregar recomendaciones sobre la regulación de las plataformas digitales. Tiene sentido el órgano, dice, pero sólo si considera pluralidad política, globalidad del fenómeno y perspectiva de derechos humanos. A su juicio, acá no las hay.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo a La Tercera que a su entidad le “preocupa” cuando desde los poderes ejecutivos se avanza en crear este tipo de comisiones, porque “se puede caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura, como ha ocurrido ya en otros países del continente”.
"Más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información", apuntó el presidente de la asociación, Michael Greenspon.
El exdiputado sostiene que cuando las falsedades, mentiras o discursos de odio se distribuyen entre la sociedad, van dañando las confianzas, y en ese sentido señala que por "ninguna parte" ve que el nuevo organismo busque censurar o pautear a los medios.
Diversas figuras políticas del sector opositor reprocharon la instancia, tildándola de "gravísima". Incluso, desde la UDI están evaluando una presentación ante el Tribunal Constitucional por "atentar contra la libertad de expresión”.
