La iniciativa, presentada por parlamentarios del PS, PPD, la UDI y RN, establece un umbral del 5% de los votos o un mínimo de 8 legisladores para que los partidos puedan tener representación en la Cámara de Diputados. Además, considera el cese del cargo de los parlamentarios que renuncien a sus colectividades de origen.
El senador Alfonso De Urresti, presidente de la instancia, indicó que “lo que le pediría también tanto al Ejecutivo como a los colegas que integran nuestra instancia de comité, es poder pedir la prioridad para verlo en Sala”.
La práctica, que hace referencia a la violación de un ser humano a un animal, no está tipificada como ilícito, pues el marco legal que existe actualmente es la ley Cholito, que no incorpora este tipo de actos que se han registrado en el último tiempo.
Tras la polémica afectó al Senado en agosto pasado, los miembros de la Comisión de Constitución acordaron revisar una norma para ampliar las inhabilidades prácticamente a todas las autoridades civiles de los tres poderes del Estado.
Se acordó que la restricción continúe rigiendo hasta 12 meses después que la autoridad deje el cargo.
La decisión fue acordada por unanimidad de integrantes de la instancia. La discusión se reactivó ante clima de sospecha por la relación del mundo político y el Poder Judicial a partir del caso Audio.
Una de las iniciativas es una reforma constitucional que amplía la facultad de disponer de Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica en zonas urbanas y rurales.
El proyecto de ley pasa ahora a la Sala de la Cámara Alta, donde será visto el próximo jueves.
El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) se impuso con 7 apoyos ante el socialista Marcos Ilabaca, que consiguió 6 votos.
La normativa, que está en segundo trámite constitucional de la Cámara Alta, establece un plazo de 9 meses para que quienes fueron nombrados antes de 1995 puedan cesar sus funciones.
La iniciativa que reformula la legislación actual que rige desde 1984, fue aprobada por 41 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
El texto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, fue votado por la Comisión de Constitución de la Cámara, y ocurre justo cuando los diputados entregaron este martes su respaldo a una nueva prórroga a la medida que rige en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
Luego que el proyecto se aprobara en general el jueves pasado, los parlamentarios votaron hoy las indicaciones del texto en torno a la unidad especializada de “superinvestigadores”, que indagará crimen organizado y delitos de alta complejidad, los más graves ilícitos en todo el territorio nacional.
Por otro lado, el superintendente de Salud también mencionó que hay tres escenarios que están mirando para definir cuál es la retroactividad con la que se aplicarán las instrucciones del fallo: que sea de cinco años, desde que la tabla de factores se implementó, o desde ejecutoriada la sentencia de la Suprema. Torres explicó que están modelando todos escenarios y dijo que las magnitudes son bastante distintas en cada uno de esos casos.
Así se definió luego de que un grupo de parlamentarios, encabezados por Pamela Jiles, solicitaran que la iniciativa fue puesta en la tabla de la instancia.
