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Bernardo Berger (Ind-RN), explicó el procedimiento que seguirá la instancia legislativa en la investigación de oficio presentada en contra de la parlamentaria del Frente Amplio por una serie de acciones que están en tela de juicio, como la llamada que hizo el año pasado a una general de Carabineros tras un control de identidad a Jorge Valdivia; la "amenaza" que dice haber recibido de su parte el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia; que la parlamentaria se comunicara con la fiscal Lorena Parra -quien investiga una denuncia por violación en contra del futbolista- y la llamada que hizo a una de las mujeres que denunció a su expareja. "Ella se siente con el derecho de intervenir en otros poderes del Estado", dijo Berger, quien explicó que, una vez que la militante del FA retome de su licencia, la secretaría de la comisión la notificará y tendrá hasta 10 días para responder.

La frenteamplista está en el centro de las críticas luego de que se diera a conocer que se contactó con la fiscal Lorena Parra, quien encabeza la sede que investiga a Jorge Valdivia.

En su fallo, el Tribunal Constitucional solicitó al máximo tribunal conservar y resguardar el informe final de la comisión emitido en virtud de la investigación seguida en contra del destituido juez.

El exmagistrado, a casi un mes de haber sido acusado constitucionalmente, aseguró que sus otrora colegas actuaron irregularmente al negarle el acceso al informe de la Comisión de Ética que analizó una denuncia en su contra. Una de las principales peticiones es que el máximo tribunal no destruya los documentos de esa indagatoria, tal y como lo plantea el auto acordado que la regula.

A 48 horas de entregar sus descargos ante el máximo tribunal, la aún magistrada de la Corte Suprema enfrenta los cargos que sus pares le han levantado durante el proceso de remoción. Asegura sentirse maltratada por quienes fueron sus compañeros de trabajo durante seis años. Aborda sus polémicos chats con Luis Hermosilla y admite que fue "poco prudente".

En sesión extraordinaria del pleno, el máximo tribunal encabezado por Ricardo Blanco declinó acceder a las peticiones de la suspendida ministra. El plazo para hacer sus descargos continuará siendo 20 días corridos. El máximo tribunal persistirá para obtener los chats que mantuvo con Luis Hermosilla y no se le entregará el expediente de la Comisión de Ética.

La determinación se da a dos días de que se iniciara el proceso que podría determinar con la expulsión de la abogada del Poder Judicial. De acuerdo con sus abogados, la determinación estaría alejada de la norma y pondría en riesgo el derechos a defensa.

La intención fue propuesta por la diputada RN Paula Labra y fue respaldada por su par del Frente Amplio Maite Orsini. Sin embargo, fue duramente resistida por la parlamentaria Pamela Jiles.

La denuncia había sido ingresada por el presidente y representante legal de la ONG Quiero Vivir sin Delincuencia ni Corrupción en contra del integrante de la Segunda Sala Penal. Aseguraba que el ministro habría incidido en el nombramiento de sus hijos, pero la instancia presidida por Ricardo Blanco informó que no había antecedentes suficientes para dar curso a una indagación.

El escrito presentado ante la instancia presidida por Ricardo Blanco apunta contra Leopoldo Llanos, por presuntamente haber favorecido el nombramiento de sus hijos en cargos que dependen del Poder Judicial. Solicita que la Comisión de Ética "investigue, transparente y sancione si corresponde".

Tras reunirse con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, el ministro Alejandro Vera, de la Corte de Apelaciones de Temuco, aborda la crisis que enfrenta el Poder Judicial a propósito de denuncias de presunto tráfico de influencias en nombramientos. A su juicio, es urgente fijar parámetros claros tanto para elegir a magistrados como para eventualmente indagarlos.

La instancia encabezada por el presidente Ricardo Blanco cursó invitaciones para que entreguen su testimonio al abogado de Fundamenta Marco Fuentes y a la ejecutiva de la empresa que atendió a Graciel Muñoz, Valentina Riquelme.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, la instancia presidida por Ricardo Blanco ha reunido, entre otros, los testimonios de los fiscales Xavier Armendáriz y de José Morales. Todos asisten como "invitados" y se graba su declaración.

Este jueves tuvo lugar el seminario “Necesidad de un Código de Ética Judicial para Chile”, el cual estuvo cruzado por las denuncias contra magistrados y por la serie de interrogantes respecto del trabajo de la Comisión de Ética que analiza dichos casos.

Graciel Muñoz, jueza e hija del magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, habría recibido información privilegiada por parte de su padre, en torno al avance de un proyecto inmobiliario en el que ella invirtió.