El exmagistrado, a casi un mes de haber sido acusado constitucionalmente, aseguró que sus otrora colegas actuaron irregularmente al negarle el acceso al informe de la Comisión de Ética que analizó una denuncia en su contra. Una de las principales peticiones es que el máximo tribunal no destruya los documentos de esa indagatoria, tal y como lo plantea el auto acordado que la regula.
A 48 horas de entregar sus descargos ante el máximo tribunal, la aún magistrada de la Corte Suprema enfrenta los cargos que sus pares le han levantado durante el proceso de remoción. Asegura sentirse maltratada por quienes fueron sus compañeros de trabajo durante seis años. Aborda sus polémicos chats con Luis Hermosilla y admite que fue "poco prudente".
En sesión extraordinaria del pleno, el máximo tribunal encabezado por Ricardo Blanco declinó acceder a las peticiones de la suspendida ministra. El plazo para hacer sus descargos continuará siendo 20 días corridos. El máximo tribunal persistirá para obtener los chats que mantuvo con Luis Hermosilla y no se le entregará el expediente de la Comisión de Ética.
La determinación se da a dos días de que se iniciara el proceso que podría determinar con la expulsión de la abogada del Poder Judicial. De acuerdo con sus abogados, la determinación estaría alejada de la norma y pondría en riesgo el derechos a defensa.
La intención fue propuesta por la diputada RN Paula Labra y fue respaldada por su par del Frente Amplio Maite Orsini. Sin embargo, fue duramente resistida por la parlamentaria Pamela Jiles.
La denuncia había sido ingresada por el presidente y representante legal de la ONG Quiero Vivir sin Delincuencia ni Corrupción en contra del integrante de la Segunda Sala Penal. Aseguraba que el ministro habría incidido en el nombramiento de sus hijos, pero la instancia presidida por Ricardo Blanco informó que no había antecedentes suficientes para dar curso a una indagación.
El escrito presentado ante la instancia presidida por Ricardo Blanco apunta contra Leopoldo Llanos, por presuntamente haber favorecido el nombramiento de sus hijos en cargos que dependen del Poder Judicial. Solicita que la Comisión de Ética "investigue, transparente y sancione si corresponde".
Tras reunirse con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, el ministro Alejandro Vera, de la Corte de Apelaciones de Temuco, aborda la crisis que enfrenta el Poder Judicial a propósito de denuncias de presunto tráfico de influencias en nombramientos. A su juicio, es urgente fijar parámetros claros tanto para elegir a magistrados como para eventualmente indagarlos.
La instancia encabezada por el presidente Ricardo Blanco cursó invitaciones para que entreguen su testimonio al abogado de Fundamenta Marco Fuentes y a la ejecutiva de la empresa que atendió a Graciel Muñoz, Valentina Riquelme.
De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, la instancia presidida por Ricardo Blanco ha reunido, entre otros, los testimonios de los fiscales Xavier Armendáriz y de José Morales. Todos asisten como "invitados" y se graba su declaración.
Este jueves tuvo lugar el seminario “Necesidad de un Código de Ética Judicial para Chile”, el cual estuvo cruzado por las denuncias contra magistrados y por la serie de interrogantes respecto del trabajo de la Comisión de Ética que analiza dichos casos.
Graciel Muñoz, jueza e hija del magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, habría recibido información privilegiada por parte de su padre, en torno al avance de un proyecto inmobiliario en el que ella invirtió.
De acuerdo con lo reflexionado por el Pleno del tribunal de alzada capitalino, no tienen atribuciones para resolver respecto de los antecedentes que envió el presidente Ricardo Blanco y que fueron parte de una reclamación de la ministra Ángela Vivanco.
Quien fuera el abogado del proyecto inmobiliario Fundamenta, y que años atrás logró inhabilitar al presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal, decidió arremeter -ahora en el plano ético- en contra del magistrado. Esto, aprovechando que la comisión ad hoc está investigando a otros ministros por reportajes de Ciper que los involucran en presuntos actos de tráfico de influencias. La principal prueba, se lee en el escrito, serían las conversaciones entre la hija del magistrado y su ejecutiva inmobiliaria en la que le habría pedido recuperar sus abonos para un proyecto, ya que -según la acusación- sabía el resultado de la sentencia en que participó su padre y que retrasaría la entrega de dichos inmuebles.
Esta jornada la instancia presidida por el ministro Ricardo Blanco tomó declaración a los diputados PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, pese a que no se han respondido formalmente las reclamaciones hechas por Vivanco y Matus. La situación, además, ha instalado dudas sobre la selección que harán esta tarde respecto de quién sucederá al exministro Haroldo Brito.
