En lo referente a los derechos de la naturaleza, se aprobó una norma transitoria que establece que “en un plazo de dos años se actualizará la legislación sobre delitos contra la Naturaleza”. Y en uno de tres años, la legislación sobre los animales. En el estatuto constitucional de los bosques también se aprobó que “en un plazo de un año se deberá terminar con toda bonificación o beneficio estatal de fomento de monocultivos forestales".
El presidente de la Sonami, Diego Hernández, opina que lo aprobado este martes "es peor" que lo que rechazó antes el pleno y que "hay varias cosas que liquidarían a la minería". En tanto, el presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comenta que "comprende una estatización del cobre, dejando a los privados con una participación minoritaria".
El Mandatario aseguró, además, que “las diferencias en democracia son legítimas y si hay desacuerdos en torno a ideas, bueno, se podrá votar de manera diferente y están en todo su derecho”.
Se trata del segundo informe de la comisión de Medio Ambiente, que tras este rechazo deberá volver a dicha instancia para modificaciones. El informe contenía un artículo que cambia los derechos de agua por autorizaciones de uso y otro que reemplaza las concesiones mineras por autorizaciones entregadas por el Estado.
La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) dice que esto implicaría "diversos problemas de política pública". El director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) ejemplifica así el costo fiscal que podría significar: "Se estarían destinando recursos equivalentes a 10 líneas de Metro en compensación a las concesionarias".
El representante UDI cree que siguen existiendo temas preocupantes en los informes de la Comisión de Medio Ambiente que se votarán en el pleno este viernes. Entre ellos, los derechos de la naturaleza y bienes comunes naturales. También señala que en todas las materias económicas, le "asombra el nivel de desconocimiento" al interior de la Convención.
Se trata de las modificaciones de los artículos que habían sido rechazados anteriormente por dicha instancia del primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Si en esa oportunidad se votaron 40 normas, siendo casi todas rechazadas, en esta ocasión llegarán solo nueve artículos, ya que la comisión suprimió la mayoría.
La comisión de la Convención Constitucional aprobó este sábado, en general, más de 40 iniciativas sobre modelo económico. Entre ellas, además, una que señala que se prohíbe el cobro para circular en carreteras y otra que dice que “la nacionalización es un derecho inalienable del Estado".
Este jueves los convencionales de dicha comisión votaron las indicaciones de los cinco artículos y medio que fueron rechazados en particular por el pleno a inicios de marzo, correspondientes al primer informe. Se suprimieron tres y se sustituyeron otros tres. Ahora este informe deberá volver al pleno y se estima que la votación podría ser el próximo jueves.
El grupo de convencionales de esa comisión votó las indicaciones de los 34 artículos que fueron rechazados en general por el pleno a inicios de marzo, correspondientes a su primer informe. De ese total, 28 artículos fueron suprimidos este miércoles. En tanto, los seis restantes fueron sustituidos por artículos con modificaciones.
De un total de 40 artículos, los seis que avanzaron a esta instancia fueron rechazados (en el caso del Art.1 solo pasó su inciso segundo). De todas maneras, consiguieron el mínimo de votos para no ser desechados, sumándose así a los 34 restantes para ser revisados nuevamente por la comisión.
La iniciativa apunta a reducir la basura electoral en las ciudades y en los ecosistemas.
La iniciativa, iniciada en una moción parlamentaria, establece que la medida comenzaría a regir para las plantas tengan menos de 30 años de antigüedad el 31 de diciembre de 2025.
El Ministerio del Medio Ambiente decidió sacar de sus prioridades el proyecto que busca reformular el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Iniciativa aún era esperada por los privados, quienes lo ven como una normativa necesaria para reactivar las inversiones.
La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, comprometió un plazo de dos semanas para que la Comisión escuche las opiniones de expertos, antes de ingresar indicaciones.
