La semana pasada, Mataquito Transmisora de Energía (MATE) presentó una serie de documentos al Servicio de Evaluación Ambiental para intentar revertir el rechazo de su proyecto Itahue-Hualqui, el segundo más grande en evaluación en el país. La empresa entregó planes específicos para mitigar el impacto en especies de anfibios, flora nativa y patrimonio arqueológico, en respuesta a observaciones.
Maximiliano Proaño, quien ejerce como ministro (s) de Medio Ambiente, defendió la legalidad del rechazo adoptado por el Comité al proyecto de Andes Iron, señalando que fue “tomó una decisión apegada a la Ley y a la sentencia del propio tribunal”. Además, cuestionó la orden dictada para que el SEA dicte una nueva resolución.
Si bien el ministro de Economía, Nicolás Grau, evitó referirse al fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, sostuvo que “siempre los gobiernos tienen que, por supuesto, actuar de acuerdo a lo que dice la justicia. No está bajo discusión”.
El Primer Tribunal Ambiental dejó sin efecto la resolución que anuló la RCA de Dominga y ordenó al Comité de Ministros emitir una nueva resolución en 10 días. El tribunal rechazó la excepción de pago del SEA y concluyó que el Comité excedió sus atribuciones al incluir argumentos no contemplados en la resolución original.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresó un nuevo escrito donde arremete contra el documento que la compañía presentó hace una semana. Si bien reconoce que este tipo de informes pueden ser valiosos, señala que algunos aspectos reclamados por el abogado constitucionalista resultan “discutibles”, ya que no se refirió “a puntos de derecho sino a apreciaciones de los antecedentes y atribuciones de intenciones, perdiendo el propósito y careciendo de la objetividad que el mismo reclama”.
El abogado constitucionalista calificó como un hecho “inédito desde el retorno a la democracia (en 1990), que un ente integrado por nada menos que seis ministros de Estado haya incumplido una orden judicial precisa y determinada de un tribunal de la República”.
La defensa de la compañía ante el Primer Tribunal Ambiental solicitó la medida cautelar en el marco del procedimiento en curso por el cumplimiento incidental de la sentencia, dictada en diciembre y que revivió al polémico proyecto minero-portuario. En enero, el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto.
En un nuevo escrito, el SEA planteó que “cualquier atraso que pueda identificarse no puede ser imputado a una negligencia o inactividad del Comité”. Además defendió la decisión de acoger las reclamaciones, ya que, argumentó, abordaban materias que no habían sido resueltas previamente por el Primer Tribunal Ambiental en su dictamen de 2021.
La iniciativa conocida como proyecto Evaluación Ambiental 2.0 busca fortalecer la institucionalidad ambiental y hacer más eficiente el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
De no mediar nada extraño, existen altas probabilidades de que el proyecto minero continúe dentro de una espiral de recursos que ponga otra vez en contradicción a las instancias técnicas con los poderes Ejecutivo y Judicial. Existe sólo una posibilidad de que el loop termine: que la Suprema acoja el recurso del gobierno. Si no es así, podría haber una cuarta citación del Comité de Ministros, dado que la norma impide que los tribunales reemplacen una decisión administrativa. Por tanto, sólo la autoridad ejecutiva puede aprobar Dominga y eso ya podría ocurrir en el siguiente gobierno.
Pese a que nuevos antecedentes advierten inhabilidades de hasta tres miembros que participaron de la sesión extraordinaria celebrada este miércoles, el documento detalla que un dictamen previo de Contraloría descartó que firmar informes técnicos en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto, constituya opiniones personales.
