En tres visitas desarrolladas a fines de 2023, el Comité para la Prevención de la Tortura identificó que la población penal de la Sección de Máxima Seguridad del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) vive en condiciones que, a ratos, no cumplen con la normativa, lo que incluso podría ser considerado como hechos de tortura, además de conllevar un profundo impacto en la salud mental y física de los reclusos.
El organismo encabezado por siete expertos dará a conocer este viernes el tercer informe anual sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país, con énfasis en el acceso a servicios sanitarios. Las falencias, acorde a la pesquisa, no son pocas.
El organismo encabezado por siete expertos dará a conocer este miércoles el segundo informe anual sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país, donde analizaron temáticas como muerte en centros penitenciarios, el crítico uso del aislamiento y la "invisibilidad" de las mujeres en el sistema. Si bien, de acuerdo con la entidad, ha habido avances y hay buena disposición de parte de las autoridades en aplicar mejoras, también reconocen que hay varios desafíos pendientes.
El CPT constató preliminarmente que la aplicación a pacientes de terapia electroconvulsiva sin anestesia ni relajante muscular “podría llegar a constituir algunas conductas de malos tratos respecto de estos usuarios”. También se detectó la aplicación de esta técnica en menores de edad y, preliminarmente, la vulneración de otros dos derechos: un régimen de aislamiento prolongado de los pacientes, y una segmentación inadecuada por sexo y edad.
