El Juzgado de Garantía de Angol acogió la petición de la defensa, quienes solicitaron que estén los 17 imputados presentes en la audiencia.
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Jaime Gajardo llegó hasta el recinto penitenciario a eso de las 8 de la mañana y mantuvo encuentro con funcionarios de la unidad, especialmente con dos de los efectivos que fueron retenidos por internos del módulo de comuneros mapuche el pasado 7 de mayo.
Tras el secuestro de tres gendarmes en el recinto de la Región de La Araucanía, los funcionarios buscan que los internos del módulo F estén privados de libertad en las mismas condiciones que el resto de la población penal. Esto, porque, entre otras cosas, aseguran que sus visitas ingresaban sin ser revisadas, lo que pone en riesgo la seguridad de todo el recinto.
Como aseguran desde las asociaciones de funcionarios, lo vivido por tres gendarmes la jornada de este domingo es "insostenible". Por lo mismo, piden intervención directa de las autoridades. La Fiscalía de La Araucanía ya comenzó con las diligencias para determinar responsabilidades, mientras que equipos de Gendarmería en la zona fueron reforzados con equipos especializados.
El requerimiento de las autoridades del Ministerio de Justicia se produce luego de que el director regional de la institución, Juan Navarrete, suscribiera un acuerdo con el lonko Víctor Queipul que permitió el traslado de tres internos desde el penal. En paralelo, aumenta la presión de gendarmes y Chile Vamos para que se detalle el actuar de los funcionarios. Mañana parlamentarios de oposición llegarían a la zona para recabar antecedentes para acusar constitucionalmente a la ministra Marcela Ríos.
Víctor Pérez indicó, además, que en el marco del plebiscito del 25 de octubre, el gobierno quiere avanzar en los proyectos relativos a la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, la probabilidad de escaños reservados de los pueblos originarios para el plebiscito y otras elecciones y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
Hace unas semanas, José Ignacio Rau, miembro del Tribunal Oral de Temuco, liberó a 11 comuneros mapuches que fueron absueltos por el brutal crimen ocurrido en 2013. Vestido con una chaqueta roja, aseguró que no hubo pruebas para "derribar la presunción de inocencia" de los inculpados. Hoy, defiende el fallo, critica la calidad de la investigación en el caso Luchsinger y asegura que fue la fiscalía la que no pudo justificar una condena.
Hace unas semanas, José Ignacio Rau, miembro del Tribunal Oral de Temuco, liberó a 11 comuneros mapuches que fueron absueltos por el brutal crimen ocurrido en 2013. Vestido con una chaqueta roja, aseguró que no hubo pruebas para "derribar la presunción de inocencia" de los inculpados. Hoy, defiende el fallo, critica la calidad de la investigación en el caso Luchsinger y asegura que fue la fiscalía la que no pudo justificar una condena.
El juez Federico Gutiérrez estimó que no han variado las condiciones para modificar las medidas de seguridad que deben cumplir los cuatro imputados.
Las defensas de los cuatro imputados solicitaron nuevos antecedentes. Fiscalía dice que son medidas dilatorias.
El fiscal nacional aseguró que lo que hagan otros intervinientes en el caso de la quema de un templo evangélico, "no resulta vinculatorio para el Ministerio Público".
Al igual que las defensas de los imputados, el Ejecutivo pedía que se rebajen las medidas cautelares de los imputados, mientras que la Fiscalía insistió en la prisión preventiva.
"El terrorismo es implacable y cruel. No hay que darle ninguna ventaja", dijo el candidato presidencial de Chile Vamos.
El candidato presidencial independiente se refirió al anuncio de que el Ejecutivo quitará el carácter terrorista a la querella contra los comuneros en huelga de hambre.
El candidato presidencial independiente se refirió al anuncio de que el Ejecutivo quitará el carácter terrorista a la querella contra los comuneros en huelga de hambre.
