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"Hay errores en esas rendiciones y contabilidades. No estamos diciendo que los dineros estén desaparecidos", señaló la contralora (s) Dorothy Pérez, en la comisión investigadora por los líos de platas. En la Conadi, en tanto, se ordenó un procedimiento y se remitieron antecedentes a fiscalía por caso de Chikawal, entidad que se adjudicó cinco licitaciones por $245 millones, con distintas observaciones.
Meses después de que el Ministerio Público iniciara una investigación en contra de Chikawal Limitada por sus contratos con la Conadi, pese a no tener experiencia, cuatro Seremis del Ministerio de Educación adjudicaron contratos para capacitaciones por un total de $63 millones. Esta semana Contraloría determinó que el acuerdo entre el organismo dependiente de Desarrollo Social y la empresa no debió haberse concretado. Acuerdos que, precisamente, fueron citados por la empresa para ganar nuevos contratos, esta vez con Educación.
El ente fiscalizador estableció que la organización, creada en enero de 2023, no debió adjudicarse tres de los cinco proyectos, precisamente por no contar con la experiencia exigida en las bases de licitación. Por estos mismos hechos la Fiscalía Regional de La Araucanía en julio pasado abrió una investigación para establecer si hay delitos en la adjudicación de $442 millones de parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a Chikawal Limitada.
Según un estudio de Libertad y Desarrollo y a 30 años de su implementación, el monto destinado -y actualizado al valor del peso a septiembre de 2023- superaría el billón. Sin embargo, desde Conadi retrucan señalando que hasta la fecha el gasto estatal para la destinación de tierras es de $ 732.751.410.348. Ante la discrepancia, la Comisión por la Paz y el Entendimiento solicitará un informe detallado.
En la sesión de este jueves estuvo presente el director de la Conadi, Luis Penchuleo, quien entregó detalles sobre la situación actual de la entrega de tierras a miembros de los pueblos originarios.
El exconvencional y exalcalde de Tirúa afirma que pondrá "todos sus esfuerzos" en zanjar la discusión histórica sobre restitución de tierras a las comunidades indígenas del país, aunque reconoce que no pueden entregar garantías a la población de que esto ocurrirá: "Nosotros no tenemos facultades ni atribuciones resolutivas", argumenta.
"Esta empresa fue hecha el 1° de febrero de 2023 y su primer contrato por 80 millones de pesos fue el 28 de febrero de 2023 ¿Rápido, no?”, se preguntó el legislador.
La iniciativa fue firmada por los presidentes de todos los partidos políticos. Además, el Presidente Gabriel Boric indicó que el informe final desarrollado por los integrantes de la comisión será entregado a fines de 2024.
En la comuna de Galvarino, representantes de "Buca Rincón" denunciaron que hace dos años, integrantes de la agrupación "Trif-Trifco” se tomaron sus terrenos y además les piden un porcentaje de su cosecha. Carabineros fue requerido para custodiar los traslados de los dueños del predio.
En los próximos días los ministerios encabezados por Jeannette Vega y Javiera Toro suscribirán un acuerdo que tendría como objetivo "implementar mecanismos ágiles de compra de tierra". Sin embargo, el anuncio dejó varias dudas en el aire. Mientras exautoridades acusaron que se podría vulnerar la norma que prohíbe que se adquieran tierras "perturbadas", abogados expertos recalcaron que no habría atribuciones claras para avanzar en restitución de terrenos en la Macrozona Sur.
Ad portas de la sesión inaugural del nuevo Consejo Nacional de la Conadi, que por primera vez en la historia se realizará en el Palacio de La Moneda, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, anunció la inyección en los fondos. Una acción que se traducirá en la compra de 39 predios durante este 2022 para beneficiar a 19 comunidades. Se espera que el próximo año se ejecuten al rededor de $75 mil millones.
En publicaciones de 2020, 2013 y 2012, Luis Penchuleo comentó la labor policial, la política y se mostró a favor de la autonomía del pueblo mapuche en el "Wallmapu".
La ministra de Desarrollo Social sostuvo que el principal desafío de la nueva dirección será "reorganizar la Conadi para que cumpla de mejor manera su rol, fortalecerla, asegurar la ejecución de todo el presupuesto de este año y empezar el proceso de compras de tierras".
En 2018, al alero de una comisión de la Conadi, las forestales se abrieron a vender al Estado predios reclamados. Aunque manifestaron su disposición, solo se han transferido 1.300 hectáreas. “Es bastante frustrante haber tenido resultados tan mermados”, dice el presidente de Corma, Juan José Ugarte.