Esto, en el marco de un extenso juicio contra integrantes de esta célula del Tren de Aragua por delitos que incluyen asociación ilícita, tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidio, secuestro extorsivo, trata de personas con fines de explotación sexual agravado, entre otros.
A dos años de las elecciones en la nación vecina, la hija del exmandatario condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad publicó un video en su cuenta de X –que fue compartido por el partido Fuerza Popular- en el que señala que “yo creo que es él quien tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial”.
Pese a contar con cinco sentencias que se relacionan con casos de crímenes de lesa humanidad, corrupción, el exmandatario peruano indicó cuáles eran sus intenciones luego de afiliarse en febrero al partido de su hija Keiko, Fuerza Popular.
El jefe de la cartera de Justicia se refirió a la modificación para que personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales cumplan condenas en sus casas.
Durante abril sesionaron las comisiones encargadas de entregar el beneficio que promedió la cifra más baja de los últimos años. De hecho, cortes como las de Santiago acogieron sólo el 0,6% de las solicitudes. A juicio de los expertos, el resultado está relacionado, principalmente, con los cambios introducidos al proceso el 2019. Ante nuevas modificaciones, el Ejecutivo apunta a la creación de tribunales de ejecución de pena, lo que significaría un cambio en la forma de conceder el beneficio.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación contra la sentencia que condenó, a penas de entre 10 y 15 años de presidio, a los exagentes del órgano de inteligencia de la dictadura por su responsabilidad en tres delitos de secuestro calificado perpetrados en 1974, en Estación Central y San Joaquín.
Jhon Fuentes Pineda y Claudio Ballesteros Maldonado quedarán en el registro de condenados tras dar muerte a las mujeres con las que mantenían una relación.
Corte de Apelaciones de Santiago modificó las condenas de primera instancia de los implicados en los secuestros calificados de siete personas y los homicidios calificados de otras cinco.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que opera desde Managua, este jueves el líder estudiantil Lesther Alemán, quien encaró al presidente Daniel Ortega pidiéndole su renuncia en medio de una crisis política en 2018, recibió una sentencia de 13 años de prisión, al igual que el exaspirante presidencial Miguel Mora. En tanto, la excompañera de armas del mandatario sandinista, Dora María Tellez, fue condenada a 8 años.
El expresidente francés, que en 2007 llegó al poder tras su histórico discurso de Bercy en el que prometió introducir “la moral” en la política, este año ha recibido dos condenas por corrupción. Figura popular e influyente aún en los círculos conservadores, este “fuerte golpe” pone en duda su carrera. Según The Independent, “no hay vuelta atrás para el deshonrado” Sarkozy.
Un análisis del Observatorio Judicial revela que en los 17 años de funcionamiento de los tribunales orales se han dictado 134.956 sentencias y en un 81% de las veces declararon culpables a los acusados por el Ministerio Público. Y en cuanto a los tiempos que duran estos procesos, se registró un aumento de tramitación de 264 días en 2004 a 602 días en 2019, es decir, crecieron en un 102%. El estudio abre la duda sobre cuánto es un plazo razonable para que una persona sea juzgada y cómo está actuando el sistema judicial en esta materia.
La ministra en visita de la Corte Suprema, Rommy Rutherford, dictó las dos primeras sentencias en el juicio a efectivos del Ejército por la millonaria malversación de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. La exsargento Liliana Villagrán Vásquez recibió 10 años y un día de presidio.
Así lo establecen estadísticas de la Defensoría. Dicen que últimos cambios a la ley impactan en esta situación.
Entre 2010 y 2016 hubo 91 procesos y cinco llegaron a sentencia. Probar el ánimo de infundir temor y limitadas herramientas investigativas son, según los expertos, los principales problemas al invocar esta normativa.
