La determinación se adoptó en medio de la tramitación de un recurso de protección interpuesto por la Fundación Fuerza Ciudadana.
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La convocatoria incluye a diversas organizaciones del sector público, quienes pretenden atacar varios flancos, entre echar marcha atrás un dictamen de la contralora Dorothy Pérez que salpica a los trabajadores a contrata, además de buscar un reajuste salarial acorde al IPC.
Los gremios de la Mesa del Sector Público acusan a la contralora general de "abandono de deberes". La resolución que generó el disgusto de los organismos establece que el ente fiscalizador se abstendrá de pronunciarse sobre esta materia que establece que los trabajadores tengan una expectativa de continuidad en sus empleos, cuando sus contratos se renuevan de manera continua.
La nueva jefa de la Contraloría determinó que quienes quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que solo podrán reclamarlo vía recurso de protección ante las cortes de apelaciones.
