La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) presentó una demanda colectiva contra Banco Santander, Banco de Chile, Banco BICE y Banco Security, junto con sus corredoras y aseguradoras, acusándolos de seguir cobrando primas de seguros antifraude sin justificación tras la entrada en vigor de la Ley de Fraudes en 2020.
Los combates continúan en Goma, ciudad fronteriza con Ruanda, y donde este último país tiene intereses económicos. Los rebeldes del grupo M23, asegura la comunidad internacional, son apoyados por Kigali.
La postergación de la rebaja a las tasas de intercambio enfrenta a empresas minoristas con Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio, que congeló una baja de precios prevista para octubre pasado. Mercado Pago presentó un informe del economista Claudio Agostini. La ABIF, que defiende la medida, presentó un reporte de un ex ministro de Economía español.
Las últimas sesiones de la instancia -convocada para lograr un acuerdo en torno al conflicto en la Macrozona Sur- han sido agitadas y amenazan con no llegar a acuerdo al 31 de enero, fecha comprometida para la entrega de una propuesta.
La minera acusa que el exsuperintendente de Seguridad Vial y Emergencias de la firma lideró un esquema fraudulento que provocó un perjuicio patrimonial de $1.353 millones. La querella, patrocinada por el penalista Cristián Muga, fue interpuesta en el Cuarto Juzgado de Garantía. La defensa del acusado cuestionó la acción judicial.
Felipe Guzmán, socio fundador y accionista minoritario de Red Megacentro (RMC), inició tres arbitrajes contra directores y ejecutivos de la compañía, acusándolos de operaciones irregulares que habrían perjudicado los intereses de la sociedad. Sus abogados acudieron a tribunales civiles y al CAM Santiago. Guzmán tiene el 5,32% de la compañía.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago rechazar el recurso de Enel Distribución, que buscaba calificar como "Estado Anormal Agravado" el impacto de un evento climático en 21 comunas. El organismo argumentó que la solicitud carece de fundamento y no cumple con los requisitos normativos.
A pocas horas de una nueva votación, Andes Iron envió al Servicio de Evaluación Ambiental un análisis elaborado por el extimonel del Tercer Tribunal Ambiental, Iván Hunter. El reporte concluye que sería jurídicamente inadmisible invocar nuevas causales para acoger las reclamaciones pendientes. “La intervención judicial imponiendo un plazo al Comité de Ministros es una medida necesaria frente a la dilación administrativa demostrada en este proyecto", sostiene.
La papelera de capitales suecos cuestionó las demandas de indemnización de perjuicios que interpusieron el Sernac y otras cuatro agrupaciones de consumidores ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Essity, ex SCA Chile, sostuvo que, en el hipotético caso que el tribunal acceda a las peticiones, se reduzca del monto total la cifra pagada por CMPC en un "acuerdo conciliatorio que tuvo lugar dentro del juicio civil”.
Ripley, histórica tienda ancla del Mall Vivo del centro de Santiago, presentó una solicitud al 26° Juzgado Civil para designar un árbitro que resuelva diferencias con Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA, ligada a BTG Pactual Chile. El contrato de arriendo, vigente desde 1996, enfrenta tensiones por precio, tamaño de los espacios y problemas de seguridad en el sector, marcado por la delincuencia y el deterioro urbano.
Jaime Ben-Dov Codner, fundador de The Republic of Beauty, presentó una demanda por $4.750 millones contra los controladores del Grupo ISSI, acusándolos de maniobras fraudulentas para evadir el pago de una sentencia arbitral que ordenó indemnizarlo con $1.577 millones, más reajustes e intereses.
El factoring controlado por Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer denunció graves irregularidades en la gestión de su exgerente comercial, Alfonso Straub Sanhueza, al contestar su demanda laboral. La empresa lo acusa, junto a su padre y hermano, de montar un esquema interno para defraudar a la compañía, causando perjuicios estimados en $12.000 millones.
Los descargos de los ahora cinco ex directores de Larraín Vial Activos AGF por los reproches de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en relación al Fondo de Inversión Capital Estructurado I apuntan a la misma entidad regulatoria. Asesorados por el estudio Alcaíno Abogados, la presentación dicen que la CMF actuó con falta de control en la fiscalización a STF Corredores. "¿No habría sido razonable emitir una alarma, señal o advertencia oportuna?”, preguntan en relación a la corredora.
