Los comisionados han ido aportando sus primeras conclusiones y propuestas de cara al documento final que tienen que entregarle al Presidente Gabriel Boric el 12 de enero, con la complejidad de que tiene que ser unánime, según se estableció. Y aunque cuesta encontrar puntos transversales a todos, sí hay algunos más o menos claros.
En un inédito fallo, el pasado lunes la justicia declaró culpable a Héctor Llaitul de los delitos de incitación contra el orden público, apología a la violencia -ambos de la Ley de Seguridad del Estado-, usurpación violenta, robo de madera y atentado contra la autoridad, por lo que el autodenominado werkén arriesga una pena de hasta 25 años de prisión. Las pruebas en su contra -calificadas de sólidas y contundentes por el tribunal- fueron obtenidas durante tres años de investigación, en los que, sin saberlo, las llamadas y los pasos de Llaitul permitieron situarlo como líder y facilitador de decenas de atentados incendiarios.
El Ministerio Público abrió la primera de las 29 jornadas que durará esta etapa procesal. Ante el tribunal, el fiscal Roberto Garrido señaló que los dichos de Llaitul llamaban a perpetración de delitos graves. "Hay elementos para la autodefensa", respondió el dirigente mapuche.
El principal argumento que usarán los abogados para revertir la decisión de la jueza será que, en el caso de los excarabineros, eran funcionarios públicos al momento de participar de la banda, lo que agravaría aún más la penalidad del delito.
Además, en el allanamiento fueron detenidas otras tres personas en flagrancia, dos de ellas con antecedentes policiales.
La madrugada de este lunes el recinto ubicado hacia el norte de La Araucanía vio siniestrado el 90% de sus dependencias, según las estimaciones iniciales del municipio. Sin embargo, no es la primera vez que les ocurre algo así ni tampoco un hecho aislado: es la única escuela que quedaba en pie en el sector, tras el cierre de las otras dos -Trangol y Pailaquehue- por motivos similares. Hoy hay 43 alumnos en vilo.
El werkén está imputado junto a otras dos personas por liderar una asociación ilícita para el hurto de maderas y otros delitos tributarios.
Al hijo de Héctor Llaitul, líder de la CAM, se le acusa por los delitos de incendio consumado, incendio tentado y homicidio frustrado.
En el marco de uno de los capítulos del estudio se evaluaron tres de las medidas estatales desplegadas en el contexto del conflicto que se vive en la zona entre 2017 y el primer semestre de 2022. El análisis plantea que los allanamientos a comunidades mapuche no se estarían haciendo de manera adecuada. Además, hace un llamado a modificar la Ley Antiterrorista y expone que la extrema prolongación del estado de emergencia puede resultar problemático.
Las tomas de terrenos y quemas de viviendas en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, movilizaron a la exministra de Seguridad en el gobierno de Macri. La actual presidenta del PRO comenta a La Tercera sobre la supuesta presencia de miembros de la CAM, así como de un prófugo de la justicia chilena en los ataques.
El historiador mapuche propone explicaciones el elocuente triunfo del Rechazo en las comunas donde su pueblo es mayoría. Acusa una dirigencia insensible a la diversidad del mundo que cree representar, y extiende sus críticas al progresismo en general: “Hay que aprender a dialogar con sujetos conservadores”. También argumenta que, bien planteada, la plurinacionalidad pudo llevarnos a “discusiones maravillosas” sobre cómo queremos convivir, pero los constituyentes indígenas no supieron abrirlas y los de derecha se adelantaron a cerrarlas.
Durante la madrugada de este miércoles, un grupo de encapuchados quemó dos viviendas del exalcalde en la Provincia de Arauco. Además, en la zona se registraron otros dos ataques. A juicio de la exautoridad, los diferentes gobiernos no se han hecho cargo y no queda más que demandar al Estado.
Freddy Marileo Marileo fue condenado a 15 años de presidio por asesinar a dos comuneros mapuche que prestaban servicios para empresas forestales. El caso evidenció una serie de rencillas internas entre las comunidades de la zona, donde la propiedad de terrenos y la carga ideológica de trabajar con los "winkas" abrió heridas que tuvieron como desenlace este crimen.
El abogado socialista fue uno de los dos docentes que el Presidente Boric nombró sin recibir una lista de candidatos de los partidos políticos. Nombrado desde fines de febrero como la autoridad que representa al gobierno en la región, Allard afirma que "el Estado de Excepción Constitucional no es complementario con un diálogo político".
El abogado ha impulsado el diálogo en su comuna, marcada por la escalada de violencia ante el conflicto mapuche.
