En el Ejecutivo está cobrando fuerza la idea de extender el trabajo legislativo durante el verano, debido a que el Congreso solo tendrá nueve días de sesiones antes del receso de febrero. El riesgo de que la tramitación final de la iniciativa sea postergada para marzo complica especialmente al oficialismo, donde temen que el clima electoral altere la base de apoyo de un posible acuerdo.
El ajustado calendario legislativo que resta de aquí a marzo genera una complicación para el gobierno, que apuesta por despachar la reforma de pensiones en enero.
El nudo, que se instaló rápidamente en el debate, acompañó a los parlamentarios en todos los trámites legislativos. En la comisión mixta, que se conformó para resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, se firmó un protocolo de acuerdo entre los legisladores y el gobierno.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió hasta la Cámara Baja donde realizó una intervención indicando las condiciones para levantar el estado de excepción en la zona.
Tanto en el Senado como en la Cámara se abordarán proyectos relativos al sistema político. Junto con ello, en esta última rama del Parlamento hay diversas sesiones vinculadas al exsubsecretario del Interior.
La norma será despachada al Ejecutivo y deja un saldo de 63 leyes de seguridad tramitadas en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Las coordinaciones entre ambas bancadas del partido -de diputados y senadores- llevaron a la redacción de un documento que presentarán en la reunión de comités de la Cámara para activar los diálogos en el Parlamento.
La comisión mixta aprobó la iniciativa, que la próxima semana deberá ser despachada por el Senado y enviada a la Cámara Baja para su último trámite.
Representantes del oficialismo y de la oposición en esta rama del Congreso admiten que no fueron informados del proyecto de los senadores, quienes supuestamente actuaron coordinados con el Ejecutivo. La molestia, incluso, era mayor entre los legisladores de la alianza gubernamental.
Uno de los cambios importantes fue el ajuste fiscal de US$600 millones que hizo el gobierno y que permitió destrabar desde un comienzo la discusión con los legisladores de la oposición. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no quiso transparentar cuáles serán los artículos que llevarán al Tribunal Constitucional.
Su última aparición en la sede legislativa de Valparaíso ocurrió cuando se debía votar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, la cual había sido impulsada por Republicanos.
El representante radical provocó la ira de sus pares oficialistas luego de votar por un diputado RN para dirigir la instancia que buscará responsables políticos por el manejo de la denuncia en contra del exsubsecretario. Tras la embestida, el parlamentario señala que “siempre me han tratado como un diputado de segunda clase en el oficialismo" y ahora advierte que podría ser removido de la instancia.
Dos personeros del organismo se han desplegado en el Senado para que la entidad no quede con $1.000. Por lo mismo, es que además de las conversaciones con los parlamentarios, los cálculos de la cantidad de votos que se necesitan también se han intensificado.
Luego de que en la Comisión Mixta -el primer paso en la tramitación del erario fiscal- el Instituto Nacional de Derechos Humanos quedara con un presupuesto de $1.000, el gobierno tomó la decisión de no reponer sus fondos en la Cámara y apostar todo al Senado. Para apoyar las gestiones, funcionarios del organismo se desplegaron para intentar persuadir a legisladores.
El monto con el que llega el INDH a la Cámara de Diputados viene desde la comisión mixta, y según transmiten desde el gobierno, se repondrá en la tramitación en el Senado.
