La copia del teléfono del penalista estará disponible para la defensa desde el 4 de septiembre en un disco duro portátil con los videos, fotografías, WhatsApp, audios y archivos del dispositivo.
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En la audiencia de revisión de cautelares, la fiscalía presentó nuevos antecedentes contra la exalcaldesa de Maipú.
El Consejo de Defensa del Estado concretó la acción en contra del jefe comunal de Recoleta, a un día de su formalización. En paralelo, el abogado del militante PC, activó una nueva jugada judicial.
La determinación del 17° Juzgado Civil de Santiago se da tras una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, instancia que recibió inconsistencias detectadas por el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, se advirtió que no destinaron su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social.
El Mandatario, en su visita a la Región de O'Higgins, dijo que se pondrán los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado, "para evaluar las acciones legales, porque creemos que esto puede ser un grave atentado a la salud pública, y no lo vamos a permitir".
La ministra del Trabajo, en la labor de portavoz, dijo que es "un dolor tan grande que nos conmueve como sociedad y que nos obliga a poner todos los esfuerzos a disposición para que esta situación se aclare.
El presidente de la institución responde las críticas que recibió por parte del alcalde Daniel Jadue (PC) -que lo acusó de operar en su contra al ser cercano al Frente Amplio- y aborda los logros que expuso esta semana en su cuenta pública. Uno de ellos, dice, es la creación de la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso.
Aunque la petición aún no es presentada formalmente, Raúl Letelier confirmó a La Tercera que insistirán en conocer todas las conversaciones que pueden estar vinculadas a ilícitos. "Si en esas conversaciones hay rasgos de delito, nosotros tenemos que tener conocimiento y acceso a eso", comentó. Además aseguró que no tienen interés en conversaciones de índole personal o que se alejen del ámbito penal, ya que "no es su trabajo" revisar esa información.
El fallo sostiene que no se encontraron “hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República", como argumentaba el abogado Mario Vargas.
El presidente del CDE, Raúl Letelier, dijo en una entrevista televisada que el comité penal del organismo ya ha analizado “en 3 o 4 oportunidades” el caso y “hasta ahora no se ha encontrado nada”.
En el gobierno tienen claro que las repercusiones de los antecedentes que han sido revelados tras la revisión del celular del abogado penalista están lejos de terminar. Por ello, algunas reparticiones han revisado posibles nexos anteriores con Hermosilla. El CDE, en tanto, lleva el tema formalmente.
La solicitud surge luego de que la seremi de Desarrollo Social de esa región, Claudia Espinoza, revelara que en las últimas semanas se han realizado cerca de 900 fichas FIBE y que el 95% corresponde a personas que no fueron afectadas.
El ente persecutor derivó la investigación a fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, debido al alquiler de un terreno destinado para licencias de conducir que estuvo en desuso por más de 18 meses y que pone los ojos en la administración del edil socialista.
En la querella, la entidad acusa que la fundación "distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico", los que estarían estipulados en cinco convenios suscritos con la Seremi de Vivienda.
Se trata de fondos destinados a educación entregados desde el Mineduc a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna. "Cada peso que desembolsemos por pagar esta morosidad, se lo cobraremos judicialmente a los responsables del mal uso de recursos públicos de San Joaquín", señaló el actual alcalde Cristóbal Labra.
