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Un reservado correo electrónico, enviado para pedir dinero a los socios del gremio de notarios, conservadores y archiveros, evidenció el clima que allí se vive ante el avance de la reforma al sistema notarial. El "micrófono abierto" que delató las gestiones del senador Ossandón (RN) para dilatar la tramitación, que lleva más de cuatro años en el Senado, encendió las alertas sobre un proyecto que podría seguir entrampado ante el cúmulo de intereses y presiones en juego.
La ministra Graciela Gómez, quien durante el año pasado era la encargada de visitar el CBRS, entrevistó a una serie de funcionarios, quienes dieron cuenta del ambiente laboral al interior del organismo desde que existe una disputa en tribunales entre uno de los conservadores y los trabajadores por el contrato colectivo.
Las agrupaciones de trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) cuestionan ciertos puntos de la reforma propuesta por el Ejecutivo, luego de que esta plantea -entre otras cosas- que el organismo sea dividido. Los efectos que aquello generan una incertidumbre a los más de 500 trabajadores, plantean los dos sindicatos al interior del organismo.
Dos son las demandas laborales que mantienen en pie de guerra a los trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) con los titulares del mismo y que, a su vez, han dejado a la luz una lucha interna entre los tres encargados de dirigir la institución. Uno de estos es Luis Maldonado, quien a través de su abogado, Cristián Aguayo, defiende su postura con la cual busca llegar a un entendimiento con los funcionarios y no impugnar el contrato colectivo, posición que tiene el nuevo conservador, Carlos Miranda.
El Sindicato Nº1 de Trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) presentó una demanda acusando a los tres titulares del CBRS de haber incumplido a través de supuestas irregularidades el contrato colectivo que fija el mecanismo para el pago de sueldo, afectando así sus ingresos. Posición contraria a lo sostenido por uno, el encargado de Hipotecas, quien fue el primero en recurrir a la justicia solicitando la nulidad, precisamente, de dicho acuerdo.
Tras el arribo de Carlos Miranda como conservador de Hipotecas, una serie de cambios se suscitaron al interior del organismo ubicado en Morandé 440. Modificaciones que han enfrentado a la nueva autoridad con los sindicados en los que los propios dirigentes están emparentados con trabajadores del CBR, lo que sería el punto clave de esta disputa. La resistencia de los gremios es a contratar a nuevo personal, lo que choca con la mirada modernizadora del exnotario de Concepción. Aquí la historia de la pugna que llegó a los tribunales laborales.
La disputa en Morandé 440 estalló cuando Carlos Miranda -conservador de Hipotecas- demandara, a nombre de la institución, a los sindicatos de trabajadores que tiene el organismo, solicitando la nulidad del contrato colectivo alcanzado antes de que él fuera nombrado en el cargo en octubre del año pasado. Sin embargo, solo días después de la presentación ante la justicia, su par e histórico conservador de Registro de Propiedades Luis Maldonado presentó un escrito solicitando el rechazo de la acción, reclamando que esta arremetida judicial no fue informada al resto de las autoridades del CBR, por lo que sería ilegal. El enfrentamiento abrió una batalla descampada entre "la vieja y la nueva escuela".
En contestación a la solicitud que realizó San Valentino -inmobiliaria dueña de la exclínica- en tribunales civiles con miras a que se concretara el negocio con la Municipalidad de Santiago, el conservador Luis Maldonado hizo presente su total rechazo y aseguró que no puede inscribir "títulos que contengan vicios que los anulen absolutamente".
El ente contralor afirmó que la solicitud se basa en los antecedentes entregados por medios de comunicación sobre un eventual sobreprecio en la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la administración de Irací Hassler.
El nombramiento del actual notario de Concepción como encargado de Hipotecas y Gravámenes en la capital generó cuestionamientos puesto que este había ingresado a tribunales laborales un requerimiento para levantar el fuero maternal de tres mujeres que trabajaron junto a él. Sin embargo, según explicaron las mismas exempleadas esto fue acordado de mutuo acuerdo. Estos son los descargos de quien fue elegido por el Ejecutivo para ocupar un codiciado cargo que reporta $150 millones mensuales en ganancias.
A través de declaraciones juradas, dos extrabajadoras de la notaría de Concepción, dirigida por Carlos Miranda Jiménez, y quien fue nombrado por Justicia como conservador de bienes raíces de Santiago, aseguran que su desvinculación -mientras estaban embarazadas- se dio por mutuo acuerdo entre las partes. Tras su nombramiento, agrupaciones feministas relacionadas al oficialismo cuestionaron la designación del Ejecutivo.
Los autores de la moción, los senadores Álvaro Elizalde y Matías Walker, explicaron que la idea es dividir ese trabajo en siete unidades y así avanzar "en una atención cercana, oportuna, rápida y eficiente a los usuarios". Asimismo, coincidieron en que esto también tiene por objeto terminar con las abultadas remuneraciones que hoy reciben tres funcionarios capitalinos. La iniciativa legal, además, permitiría la creación de nuevas notarías en barrios populares del país.
Se realizará a través de dos decretos supremos.
Una serie de nuevas personalidades ligadas al mundo político fueron denunciadas hoy lo que habilita al Ministerio Público a perseguirlos penalmente por delitos electorales.
