La firma chilena Grupo Aurrera impugnó la adjudicación ganada por Ditecsur para prestar servicios en el marco del desarrollo de las consultas indígenas que desarrolla la cartera. La demanda acusa una serie de ilegalidades y arbitrariedades, ya que la oferta económica que presentó era menor a la que resultó ganadora.
La primera de las cinco fases del proceso culminó hace ya una semana, tras un largo primer período de planificación. Con ello, la metodología del resto del camino ya está aprobada, pero aún así prima la cautela entre las comunidades. El proceso tendrá nuevos avances recién la segunda semana de marzo.
A más de cuatro meses desde su creación, la instancia interministerial liderada por el Ministerio de Minería se reunió este jueves, dos semanas más tarde de lo anunciado en su momento por la ministra Aurora Williams. El trabajo de la instancia resulta clave para avanzar en definiciones adoptadas por la estrategia gubernamental, como la protección ambiental y declaración de salares estratégicos, donde se pretende desarrollar alianzas público-privadas con control estatal.
La Corte de Apelaciones de Valdivia otorgó un plazo de 10 días para conocer los plazos, el estado de desarrollo y las etapas pendientes de proceso participativo que le fue ordenado realizar en un fallo de la Corte Suprema, de 2021. La construcción de la Central Hidroeléctrica Los Lagos, impulsada por la empresa noruega de energías renovables Statkraft, presenta un avance del 72%, y cuenta con calificación ambiental favorable desde 2009. Mientras el proceso esté pendiente, arriesga no poder iniciar sus operaciones.
La decisión de la derecha “no es una atribución del Consejo, pues este no está facultado para desconocer compromisos del Estado de Chile. Es más, dicha posición ignora el deber de guiarse buscando la más alta participación democrática en el proceso, especialmente respecto de grupos históricamente discriminados como los pueblos originarios”, argumentaron desde la tienda oficialista.
El texto sería presentado por la izquierda en el próximo pleno a la mesa directiva del Consejo Constitucional. Esta jornada la subsecretaría de Servicios Sociales respondió el requerimiento realizado por el consejero mapuche Alihuén Antileo y concluyó que sí aplica hacer esta consulta en el marco de las obligaciones que establece el Convenio 169 de la OIT.
El consejero mapuche Alihuén Antileo solicitó un pronunciamiento a la mesa directiva. Su petición incomoda a la derecha y a ciertos sectores de republicanos que ven en esto una jugada para deslegitimar el proceso. Más aún cuando dicen que el diseño del proceso es responsabilidad del Congreso y los temas indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. Desde esa cartera, en todo caso, aseguran que "no ha llegado ninguna solicitud u oficio formal de pronunciamiento".
El Acuerdo por Chile no contempló este mecanismo en la reforma constitucional que habilitó el nuevo proceso, por lo tanto, tampoco está considerado en el reglamento del proceso constituyente. "No sólo es una opción, sino una obligación del Estado de Chile y debe ser de acuerdo al estándar que fija el Convenio 169", afirma el comisionado del PC Alexis Cortés.
La solicitud surge a raíz de la molestia que generó una reformulación realizada por la testera del órgano a una norma que había sido discutida y visada previamente por el pleno. "No hay certeza que el texto aprobado por el pleno es el que se le entregue al Presidente Gabriel Boric”, manifestó el convencional de la UDI, Pablo Toloza.
Una acusación por parte del vicepresidente adjunto, Hernán Larraín Matte (Evópoli), denunciando que la mesa directiva modificó "en un acto abusivo y antirreglamentario" el texto constitucional, tensionó el ambiente ad portas de que finalice el proceso. Desde la testera del órgano, sin embargo, salieron al paso, manifestando que el acuerdo que se adoptó es parte de las facultades que poseen y que, explican, está respaldado en el artículo 39 del Reglamento General.
El vicepresidente adjunto de la Convención informó que la mesa -por ocho votos a favor y su voto en contra- reemplazó la expresión “los pueblos y naciones preexistentes al Estado” por “los pueblos y naciones indígenas”. "Es complejo anticipar las consecuencias interpretativas, el sentido y alcance de esta modificación", sostuvo. La convencional Bárbara Sepúlveda señaló que lo que se hizo fue “estandarizar la nomenclatura” y llamó a Larraín a “ganar debatiendo, no con polémicas baratas”.
En los últimos días convencionales de distintos colectivos iniciaron una serie de conversaciones para intentar corregir en la Comisión de Armonización un artículo aprobado en febrero por el pleno. La norma cuestionada eleva el requisito de la consulta a los pueblos originarios fijado por el Convenio 169 de la OIT. "Hoy día se presenta una inconsistencia entre dos normas. Por lo tanto corresponde zanjar cuál sería el estándar aplicable", aseguró la convencional Bárbara Sepúlveda (PC).
Durante esta jornada, los 14 artículos que presentó la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad en un nuevo texto, no alcanzaron el quórum requerido para llegar al borrador de la nueva Constitución.
