Asimismo, la alcaldesa de Viña del Mar afirmó que "el fuego fue generado de manera concertada, criminal, por más de siete personas que hoy están detenidas. No guarda relación con nada de lo que un municipio haya podido hacer”.
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El Ejecutivo había prometido agilizar la regulación de la seguridad privada en Chile, dando un plazo de tres meses para la entrada en vigencia del proyecto que el Presidente Gabriel Boric promulgó en marzo del año pasado.
Entre las falencias detectadas por el organismo comandado por Dorothy Pérez, se advirtió que el servicio "no verificó adecuadamente la ejecución de tareas clave, como la elaboración de cartografía de infraestructura crítica o la realización de patrullajes preventivos aéreos y terrestres en sectores de alto riesgo", lo que podría haber influido en el desenlace de graves incendios registrados durante el verano de 2024.
La decisión marca un revés para el convenio del Servicio de Salud Reloncaví con la clínica Intecnus en Argentina, que permitió a 176 pacientes continuar su quimioterapia fuera de Chile. El dictamen del ente fiscalizador argumenta que la normativa exige que las prestaciones GES se realicen exclusivamente en Chile.
La ministra del Interior señaló que "es un criterio que hemos tenido y que hemos aplicado, pero en este caso no se ha provocado ninguna formalización".
Entre las irregularidades detectadas por Contraloría destaca el exceso de visitas que recibirían algunos internos y la falta de allanamientos al interior de las celdas. El ministro de Justicia calificó las observaciones como "graves".
Órgano contralor entregó antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Según un estudio de Horizontal, en las instituciones del gobierno central, la antigüedad promedio es de 7,9 años, por lo que casi 8 de cada 10 empleados a contrata (el 77,7%) contarían con la “confianza legítima”, según lo dictaminado por la Contraloría, y un 58% bajo el criterio de la Corte Suprema.
El ente fiscalizador solicitó un informe a Cancillería para poder resolver una solicitud para que Contraloría se refiera jurídicamente a si correspondía que el exembajador recibiera su sueldo a pesar de haber sido expulsado de Venezuela. La misma denuncia pide que la Contraloría determine si Jaime Gazmuri (PS) debe reintegrar los recursos que recibió durante esos cinco meses.
En el escrito, los diputados de la tienda de oposición también solicitan al órgano contralor fiscalizar las condiciones de trabajo en la secretaría de Estado que lidera el ministro Mario Marcel, ante acusaciones de presunto maltrato laboral en la repartición.
Un informe del ente fiscalizador revela que el municipio, ahora liderado por Catalina San Martín, enfrenta litigios judiciales por más de $24.628 millones, de los cuales un tercio están asociados a 16 causas con un 80% o más de probabilidad de fracaso. Entre las demandas destaca la indemnización de perjuicios con Inmobiliaria Nueva El Golf Spa por más de 8.400 millones por una edificación que se detuvo.
De acuerdo al titular de Educación, los resultados con el plan de reativación indican que van caminando "en la senda correcta”.
"Una magra cobertura". Así de contundente fue la conclusión que el ente fiscalizador hizo hace algunas semanas sobre la iniciativa del gobierno para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria entre 2022 y 2023, años en los que además le objeta que dentro de la política haya incluido programas o iniciativas elaboradas en años anteriores, sumándolos al total del dinero que el Mineduc destinaría a atacar los problemas tras la virtualidad.
Se habrían pagado un total de $16.485.007 en conceptos de horas extras a funcionarios municipales, cuando estos trabajaron para una institución de carácter privado.
Esta semana el edil anunció una querella en contra de quienes resulten responsables por irregularidades detectadas durante la gestión de Emilia Ríos. “Aquí hay algo más que desorden”, replica al reafirmar que está orgulloso de administrar el municipio con lógica empresarial.
