La contralora compareció este lunes ante la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el caso del exsubsecretario del Interior.
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Luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago determinara que la resolución firmada por Dorothy Pérez se ajustaba a la normativa, la Fundación Fuerza Ciudadana -la misma que abrió la contienda legal- recurrió de apelación ante el máximo tribunal. Rebaten al tribunal de alzada capitalino e insisten en que la Contraloría no se puede desentender de sus labores.
Durante la jornada de este viernes, la contralora Dorothy Pérez emitió un instructivo para reiterar que todas aquellas personas que trabajen para la administración pública, y reciban sueldo fiscal, independiente de si son a honorarios o a contrata, están obligados a comparecer a las comisiones investigadoras, sin excepción. Esto incluye a asesores del Segundo Piso, como es el caso del sociólogo y exdiputado Miguel Crispi quien cuando fue requerido por la instancia que tramitaba el caso Convenios, según el Gobierno, "no tenía la obligación de asistir". El ente fiscalizador rechaza dicha interpretación de La Moneda.
El ministro de Transporte aseveró que el proceso "tiene que ser bien estricto y en ese sentido es clave que los municipios revisen la forma como están estados entregando sus licencias de conducir y ajustarse a lo que es la ley exige".
El tribunal de alzada capitalino determinó que la contralora Dorothy Pérez actuó apegada a la norma al emitir el polémico dictamen. Se determinó, por lo mismo, que no habría vulneraciones asociadas y empleados públicos deberán acudir a tribunales si quieren defender la “confianza legítima” del cargo.
La norma tiene el objetivo de prevenir un eventual perjuicio patrimonial del Estado.
Tras ser apuntado por los presidenciables de la derecha, el jefe de las finanzas del país detuvo su descanso legal para encargarse de la controversiay defender a su directora de Presupuesto. En paralelo, la Contraloría ya inició sus primeras diligencias con la Corfo a donde envió un oficio para notificar del inicio de la fiscalización.
Tras ser apuntado por los presidenciables de la derecha, el jefe de las finanzas del país interrumpió su descanso legal para encargarse de la polémica. En paralelo, la entidad liderada por Dorothy Pérez ya inició sus primeras diligencias con la Corfo.
El organismo contralor, dirigido por Dorothy Pérez, no quedó ajeno a la controversia y pese a que el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que todo estaba en orden y calificó la polémica de artificial, el ente fiscalizador -sin mediar denuncia-, decidió indagar la legalidad del traspaso de 3,4 billones de pesos.
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una denuncia para que el ente fiscalizador se pronuncie sobre la cuestionada transferencia. A juicio de los abogados que realizaron la presentación, se habría vulnerado la ley y podría existir un delito de malversación de caudales públicos.
Organismo requirió información a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
El trabajo para hacer desaparecer se hace interminable. La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, sostiene que se trata de un desafío que escapa a la capacidad y recursos de las municipalidades, mientras que desde Santiago recurren al riego de parques y jardines para que nadie se pueda instalar ahí.
Para la jornada de este jueves está programado que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revise el recurso de protección interpuesto por Fuerza Ciudadana. ¿Se mantendrá o no la jurisprudencia de “confianza legítima” que impuso el antecesor de Pérez?
El ente fiscalizador detectó sobreprecios, pagos sin respaldo y otras irregularidades que derivaron en la orden de restitución de más $45 millones a los municipios de Andacollo y Salamanca.
Nueva normativa exige a organizadores mayor responsabilidad en seguridad y sería publicado el viernes en el Diario Oficial. Entre los requisitos están la presentación de un plan de seguridad, un informe de factibilidad previo a la venta de entradas y la contratación de un seguro de daños a terceros.
