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La autoridad dijo hoy que en base al plan anual de auditorías, durante 2018 se fiscalizó a 632 servicios públicos, un 7% más que en 2017. Mientras que uno de los logros más importantes fue la incorporación del sistema de Big Data, lo que ha permitido destinar más recursos a la prevención de fraudes en áreas como remuneraciones y pensiones.
Organismo terminó hace tres semanas una auditoría respecto de $1.595 millones otorgados en 2018, en el marco de un convenio entre el BID y el Estado. Entidad evidenció insuficiencias en el control interno.
Denuncia se basa en informe de Superintendencia de Educación, que determinó que Recoleta no rindió correctamente más de $ 3 mil millones.
La Contraloría General de la República respondió a las denuncias de la subcontralora donde señala delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y prevaricación que habrían cometido la cúpula de dicha entidad fiscalizadora en favor de la abogada Doris Moraga Roa.
Órgano fiscalizador acogió requerimientos de diputados opositores por eventual conflicto de interés.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Minería, el organismo realizó 34 informes sobre la empresa estatal durante el año pasado, versus los 15 concretados en 2017. El aumento en las inspecciones fue de 4,8 veces si se consideran las cifras de 2014, cuando sólo se hicieron siete estudios sobre la cuprera.
Plan de Concesiones 2019 del MOP dejó fuera la licitación del tren de alta velocidad y carga que uniría Santiago con Valparaíso.
La decisión fue adoptada de forma unánime por la Tercera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Carlos Gajardo, Elsa Barrientos y el abogado (i) Cristián Lepín.
Jorge Bermúdez entregó cifras ante la Cámara de Diputados afirmando que desde 2015 a 2019 el organismo ha impulsado más auditorías a municipios de la ex Nueva Mayoría que del oficialismo.
Aunque la mayor parte de los diputados gremialistas coincidió en la gravedad de la situación, desestimó la idea de que el contralor general enfrente un libelo.
Ente detectó que no se entregaron estudios terminados para las obras y que aún así se persistió en contrato con la empresa. Recursos invertidos llegaron a $ 3.602 millones en diseño, asesorías comunicacionales y participación ciudadana.
Mario Desbordes también aseguró que "lo que conozco hasta el minuto no me hace pensar que sea suficiente para que (Bermúdez) renuncie o se produzca una acusación constitucional". Esto, luego de que Jacqueline van Rysselberghe pidiera la salida del contralor y abriera la puerta a un libelo acusatorio.
Tras conocerse que organismo usó fórmulas discrecionales en comunas como Viña del Mar, Bermúdez dijo que no dará paso al costado. Técnicos y académicos cuestionan criterios dispares.
