La diligencia fue encabezada por el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad César Schibar.
Etiqueta: Convenios
La ofensiva se suma al oficio enviado ayer por la comisión que investiga irregularidades en el traspaso de recursos fiscales, que solicita al ente contralor que determine si Crispi entra o no en la categoría de funcionario público y que, por tanto, corresponda que concurra a las citaciones del Congreso. La tesis de los diputados UDI es que si el gobierno defiende que el jefe de asesores no es empleado fiscal, no corresponde que se utilicen dineros públicos para contratar a Luis Hermosilla, quien asumió la representación legal de Crispi en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía de Antofagasta.
La comisión que investiga el financiamiento irregular de fundaciones aprobó oficiar a Contraloría para zanjar si el jefe de asesores presidenciales tiene las obligaciones de un funcionario público y pide iniciar un proceso sancionatorio en su contra. El escrito se aprobó con votos oficialistas. Incluso, una de las diputadas que votó en contra, Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), igualmente consideró la ausencia de Crispi como "imprudente".
La instancia aprobó enviar un oficio a Contraloría para zanjar si Crispi entra o no en la categoría de funcionario público -y en consecuencia pueda ser llamado de manera formal a la comisión- y también para que analice posibles sanciones en contra del jefe de asesores del Segundo Piso. La acción se aprobó con votos de parlamentarios oficialistas.
La presidenta de Evópoli y consejera constitucional señaló que si bien la ofensiva contra la directora de la Dipres estaba a cargo de los diputados de Chile Vamos, su permanencia en el cargo "puede generar una alteración en la tramitación presupuestaria".
El ministro de Justicia dijo que “no corresponde utilizar las herramientas del derecho para fines políticos" y calificó la arremetida del bloque opositor -que pidió al Presidente Gabriel Boric remover a Martínez- como apresurada y exagerada.
En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado, el jefe de asesores del Segundo Piso también optó por fichar al abogado Luis Hermosilla.
“Desde el día que se inició esta causa, a partir de la ampliación de la querella presentada por los políticos republicanos en su contra, nos pusimos a disposición del Ministerio Público y manifestamos nuestra voluntad de declarar cuando lo estime pertinente el fiscal de la causa”, afirmó Miguel Schürmann.
Ante la eventualidad de que se cite a declarar a la directora de Presupuestos, desde las bancadas del bloque opositor solicitaron "removerla de su cargo o al menos de eximirla de la discusión presupuestaria”. Hasta ahora el sector había evitado condicionar la tramitación del proyecto de erario fiscal a su salida.
Como se indica en el documento que será ingresado en Contraloría por el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval, 11 municipios que firmaron convenios con la ONG “no han solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados” y que se encuentran objetados. Así, se indica que la entidad adeuda más de $171 millones de pesos en rendiciones y por tratamientos que no se entregaron.
El ministro de Vivienda detalló que se ejecutaron acciones frente a observaciones como la falta de exigencia de los planes de trabajo y las personas contratadas por fundaciones que se desempeñaban en dependencias del Serviu o de la Seremi Minvu de Antofagasta.
Fundación acusó "ilegalidad y arbitrariedad" en la resolución de la repartición estatal en la que se dispuso el término al convenio y se ordenaba la restitución de los dineros y la liquidación del contrato.
El jefe de asesores no asistió este lunes a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los cuestionados traspasos de dinero entre el Estado y fundaciones. Pese a que los parlamentarios lo volverán a convocar, el diseño del gobierno es evitar que el exdiputado salga al frente, porque acercaría mucho el conflicto al Presidente y para eso ya desarrollaron una excusa legal, en la que colaboró el ministro de Justicia, Luis Cordero.
La diputada Mercedes Bulnes pidió un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento, acusando que no se ajustaba a derecho. La instancia rechazó envío de preguntas al expresidente Sebastián Piñera.
En la nueva arista del caso Democracia Viva, investigación que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta, se conoció la declaración de Edson Dettoni, quien aseguró que Javiera Martínez le habría contado que la diputada Catalina Pérez sabía de los convenios celebrados entre la fundación de su expareja y la seremi de Antofagasta.
