"Ahora, afortunadamente, en medio de tantas polémicas, también hay organismos técnicos, autónomos, que no tienen una agenda política como la Contraloría, que van a revisar esta operación, y yo espero que una vez que salga ese informe, si descarta toda irregularidad, quienes se han dedicado a sembrar estas dudas, no sé, den alguna explicación, o presenten alguna excusa”, emplazó la ministra del Interior.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, respaldó el desempeño del actual gobierno en el uso de recursos públicos y atribuyó las críticas por el tema a factores políticos y electorales.
Además, afirmó que los polémicos traspasos realizados desde Corfo al gobierno son a causa de que "Chile no está creciendo a las tasas que necesitamos para sostener nuestro nivel de gasto”.
Se divide principalmente en tres: empresas públicas, instrumentos financieros y bienes inmuebles, los que le generan flujos positivos y negativos.
El ministro de Hacienda junto a la jefa de la Dipres, Javiera Martínez, salió al paso de las críticas de algunos sectores de oposición: "Las reacciones destempladas que ha generado en parte el sistema político, amerita hacer un esfuerzo por proveer antecedentes que permitan un debate informado", sostuvo.
Tras ser apuntado por los presidenciables de la derecha, el jefe de las finanzas del país detuvo su descanso legal para encargarse de la controversiay defender a su directora de Presupuesto. En paralelo, la Contraloría ya inició sus primeras diligencias con la Corfo a donde envió un oficio para notificar del inicio de la fiscalización.
La dirección de Martínez en Presupuestos está siendo cuestionada nuevamente, esta vez por los millonarios recursos que solicitó a la Corfo.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que los traspasaos de Corfo a las arcas fiscales se realizó conforme a la ley y que fue necesaria para financiar el gasto fiscal del 2023.
Con todo, el jefe de la billetera fiscal dio a conocer que se envió a Contraloría "el conjunto de los antecedentes relacionados con estas operaciones, los fundamentos que las sustentaron y el modo en el cual se implementaron”.
Tras ser apuntado por los presidenciables de la derecha, el jefe de las finanzas del país interrumpió su descanso legal para encargarse de la polémica. En paralelo, la entidad liderada por Dorothy Pérez ya inició sus primeras diligencias con la Corfo.
En un primer momento, según se desprende de las actas publicadas por The Clinic, José Miguel Banavente había expresado su preocupación por el daño patrimonial que implicaría el traspaso de US$1.500 millones. Sin embargo, en la declaración pública difundida este jueves dice otra cosa.
Con todo, la ministra (s) defendió que el gobierno ha “tenido un cumplimiento fiscal responsable, apegado a la normativa, pero por sobre todo transparente con todas las personas".
"Los traspasos solicitados por el Ministerio de Hacienda en el marco de sus atribuciones legales afectan solo una parte de dichos ingresos extraordinarios. Estos fueron debidamente aprobados por el Consejo de Corporación y se llevaron a efecto conforme a la normativa vigente", explicó Corfo.
