El tribunal de alzada apoyó la determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que levantó la prohibición que pesaba sobre el médico para acercarse al recinto de salud privado debido a una causa vigente en su contra por el delito de abusos sexual. Había vuelto a trabajar en octubre tras ganar un juicio laboral.
Si bien el tribunal de alzada capitalino admitió a trámite el recurso de protección interpuesto por Emilia Ríos, solicitando información a la delegación presidencial y a la productora Bizarro, se rechazó la orden de no innovar que buscaba la no realización del evento.
La nueva administración terminó con la medida que se arrastraba desde 2018, en que se contaba con un plan de turnos para los analistas de la institución. Una pugna judicial entre un agente desvinculado y la dirección del organismo dedicado a labores de inteligencia reveló cómo se está reestructurando la oficina que depende del Ministerio del Interior, donde se consideró que trabajar 24 horas al día durante toda la semana era inútil.
La conservadora de Talca, Camila Jorquiera, el notario de Concepción Carlos Miranda y el conservador de Copiapó Tomás Jarpa Concha, son los postulantes que siguen en carrera.
El empresario chileno Guillermo Harding busca anular tres sentencias arbitrales que perdió frente a la gigante mexicana. En las tres acciones, el fundador de Cruz Verde exigía ser indemnizado en total en US$150 millones. Hoy insiste en el reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Femsa responde que jamás ha vulnerado los pactos con el excontrolador de Cruz Verde y que los procesos arbitrales están terminados.
Fernando Carreño fue uno de los tres integrantes de la Quinta Sala del tribunal de alzada que modificó la medida cautelar del exdirector general de la PDI, quien a pesar de ser investigado por los delitos de malversación y lavado de activos, obtuvo el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. El juez es parte del cuerpo docente de la Escuela de Investigaciones Policiales de la institución, lo que, según explicó, no era impedimento para revisar la causa del imputado.
El tribunal de alzada de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por el excomandante en jefe, el general (R) Humberto Oviedo, donde se oponía a la liberación de este contenido, tras solicitud de Chile Transparente al Consejo para la Transparencia. "La hoja de vida de un funcionario de un órgano de la Administración, o de un exfuncionario, aunque dicho órgano sea una institución de la defensa nacional, es pública, pues se trata de información vinculada en forma directa con el cargo que ejerció el reclamante en el Ejército", dice el fallo.
El Consejo de Defensa del Estado recurrió al 22º Juzgado Civil de Santiago para revertir la resolución que frenó el proceso de suspensión de dos generales del Alto Mando de la policía uniformada. El abogado de oficiales, Jorge Martínez, aseguró que "la Contraloría carece de la potestad disciplinaria para fiscalizar la conveniencia y mérito de los actos realizados por ellos en resguardo de la seguridad interior y el orden público".
Según la resolución, "Víctor Chanfreu ha manifestado una posición contraria al mecanismo de selección universitario existente, esgrimiendo una posición material a éste y una marginación voluntaria a la Prueba de Selección Universitaria, razones por las cuales la presente acción constitucional no será admitida a tramitación".
La administradora sostiene que no es posible devolver los fondos al afiliado ya que la Ley establece que éstos sólo pueden ocuparse para el pago de beneficios previsionales.
La multa por más de 16 millones de pesos fue aplicada por la Superintendencia de Salud en noviembre de 2017.
De este modo, tal como ocurrió hace dos días con Colbún, el tribunal excluyó a la generadora del listado de empresas cuyos trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga.
Se trata de 96 seguidores albos a los que se les aplicó el derecho de admisión luego de los incidentes del último Superclásico en agosto.
La Corte de Santiago falló a favor de la demanda por $ 450 millones presentada por las víctimas de Fernando Karadima tras la entrega de nuevos antecedentes en los que se comprobarían actos de encubrimiento de la jerarquía eclesiástica.
