Esto luego de que el defensor Fernando Acuña presentara una denuncia por el delito de obstrucción a la investigación.
María Catalina Batarce
12 dic 2016 03:07 PM
Esto luego de que el defensor Fernando Acuña presentara una denuncia por el delito de obstrucción a la investigación.
En esta instancia, el tribunal de alzada deberá analizar si existió obstrucción en la investigación.
Esto, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía acogiera la solicitud de la Fiscalía y elevara los antecedentes.
La resolución, según se ha informado, agrega que esto deberá ser efectivo por un plazo de dos meses.
La resolución, según se ha informado, agrega que esto deberá ser efectivo por un plazo de dos meses.
Esto, luego de que la audiencia fuera suspendida debido a que el juez Mario Rojas resolviera inhabilitarse.
Esto, luego de que la audiencia fuera suspendida debido a que el juez Mario Rojas resolviera inhabilitarse.
La Corte de Apelaciones rechazó petición de la mujer de Sebastián Dávalos, imputada en el caso Caval, quien pretendía ir a ese país entre el 21 de diciembre y el 4 de enero. Su abogado indicó que en Chile no ha podido desempeñarse en el ámbito laboral, por lo que buscará nuevos rumbos en el extranjero. La fiscalía se negó a la petición, argumentando peligro de fuga.
La Corte de Apelaciones rechazó petición de la mujer de Sebastián Dávalos, imputada en el caso Caval, quien pretendía ir a ese país entre el 21 de diciembre y el 4 de enero. Su abogado indicó que en Chile no ha podido desempeñarse en el ámbito laboral, por lo que buscará nuevos rumbos en el extranjero. La fiscalía se negó a la petición, argumentando peligro de fuga.
El fallo indica que el plazo de prescripción comenzó a contar desde el 16 de marzo del 2015, cuando Contesse fue despedido formalmente.
Esto, en el marco de la acción judicial presentada por distintas agrupaciones ciudadanas ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Este beneficio le había sido concedido el pasado 5 de octubre por la Corte de Apelaciones de Santiago.
De esta manera, la entidad de Quilín está obligada a cancelarle $113 millones a Oscar Fuentes, ex secretario ejecutivo durante el mandato del calerano.
Virgilio Cartoni recurrió a tribunales tras el cierre de sus cuentas corrientes. Entidad financiera tuvo que justificar la medida a la Corte de Apelaciones.
Las víctimas eran alumnos de la casa de estudios en época del régimen militar.