En su respuesta a la Corte de Apelaciones de Santiago, el magistrado afirmó que la comunicación de los reclusos con el exterior "previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento".
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El 19 de enero, el magistrado visitó -entre otros recintos- la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago para constatar las condiciones en que los reos están cumpliendo sus medidas cautelares o condenas. Tras conversar con algunos internos, autorizó que cuatro imputados relacionados a causas de crimen organizado pudieran llamar a sus familiares por video, además de una visita "íntima" de otro preso. La entidad penitenciaria se opuso, primero ante el juez, quien desechó los argumentos del organismo. Hoy, el caso está en manos de la Corte de Apelaciones.
Un total de 95 abogados integrantes son los que designó el Presidente Gabriel Boric para las 17 cortes de apelaciones del país. En el listado aparece el nombre de la exfiscal y exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, así como también de otros como la académica Renée Rivero. Sin embargo, entre quienes no lograron superar la terna está Cristián Letelier, quien recientemente dejó el Tribunal Constitucional (TC).
Fiscalía Oriente buscaba que la exalcaldesa de Maipú quedara en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Audiencia se extendió por tres horas.
La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la solicitud por considerar que el Juzgado de Garantía de Copiapó actuó dentro de sus competencias y atribuciones.
El coronel (R) del Ejército, quien cumple una condena en libertad vigilada, intentó sacarse de encima una sanción del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que lo alejó de por vida de cualquier actividad deportiva.
Debido a lo anterior, será la Corte Suprema el organismo que deberá estudiar el fondo del recurso presentado por ambas partes para determinar si el machi continuará en libertad condicional.
Esto luego de que, tras un fallo de la Corte de Apelaciones, la Comisión de Libertad Condicional decidiera otorgar el beneficio al machi, quien cumple una pena de 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. Córdova podría dejar la cárcel a las 0.00 horas de este jueves si es que no se acogen los recursos del Ejecutivo.
La capitán de Carabineros fue suspendida de sus funciones luego de que dos carabineros la denunciaran por acoso sexual y laboral, a raíz de que su superior les enviara mensajes y tuviera actitudes inadecuadas en su contra. Ante la justicia, la funcionaria buscaba que quedara sin efecto la medida en su contra y volver a ejercer mientras se desarrolla el sumario, algo que la Corte Suprema rechazó.
Las tres mujeres son acusadas de los delitos consumados de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos, ilícitos cometidos en diversas ciudades del país, entre 2014 y 2020.
La resolución del tribunal de alzada ocurre luego de que las defensas tanto del indultado por el Presidente Boric en 2022 como de su pareja presentaran recursos para dejar sin efecto la medida cautelar más gravosa, argumentando que “no hubo secuestro”.
El abogado Andrés Bustos indicó que buscará exonerar de responsabilidad a su representado. “Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos", destacó.
Según resolvió el tribunal de alzada, la plataforma de aterrizaje propiedad de Alfredo Moreno, Félix de Vicente, y del empresario Juan Riesco, deberá suspender sus operaciones hasta contar con "todas las autorizaciones administrativas, urbanísticas y municipales necesarias". La determinación fue catalogada como un triunfo por los vecinos de la población "El Barrero".
Esto, luego de que el 30 de octubre pasado, el Juzgado de Garantía de Arica desestimara la imputación de "violación de secreto" realizada contra cuatro abogados que solicitaron y accedieron a la identidad de 57 testigos reservados en el marco de una investigación de la Fiscalía en contra del clan de “Los Gallegos”, vinculado al grupo criminal internacional de origen venezolano.
La sentencia se dictó en contra del teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, el mayor Juan Morales Salgado, y el cabo primero Juvenal Piña Garrido, todos del Ejército, quienes tuvieron responsabilidad en la desaparición de Rodolfo Núñez Benavides, el 18 de mayo de 1976.
