No han sido semanas fáciles en la Contraloría General de la República y es que desde que el 6 de noviembre, a 48 horas de ser ratificada en el Senado, la contralora Dorothy Pérez emitió un dictamen que cambiaba el criterio de su antecesor Jorge Bermúdez. Una paralización y manifestaciones convocadas por los empleados públicos y una reciente resolución de la Corte de Santiago pusieron en jaque una de las primeras iniciativas de la abogada a la cabeza del organismo.
El defensor de los menores mostró en la audiencia de control de detención los certificados del Liceo de Tiltil y del Hospital San José que acreditaban que estaban en el recinto asistencial. No tenían antecedentes y juez suplente los privó de libertad. Se estableció responsabilidad del fisco por el actuar negligente de la policía. Indemnización se eleva a $82.000.000 en total.
Pese a que se confirmó que la firma debería pagar indemnizaciones a los consumidores afectados por cancelaciones de vuelos, éstas no se harían efectivas ya que la empresa ya no existe.
El tribunal estableció la improcedencia de la acción legal, debido a que el asunto está siendo analizado por el Segundo Tribunal Ambiental.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de nulidad presentado por Multitiendas Corona.
El tribunal ratificó la sanción de 1.500 UTA, equivalente a $70.599.000, aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por las interrupciones del servicio que afectaron a 11 mil clientes en la comuna de Quilicura.
La administradora había interpuesto un recurso de protección contra la instrucción del organismo regulador de frenar el plan de cierre de cerca de la mitad de sus sucursales.
