El caso Beatriz se convirtió en un símbolo de la prohibición total del aborto en la nación latinoamericana, que castiga con prisión a quienes se someten al procedimiento, lo realizan o ayudan con esta práctica.
21 dic 2024 07:49 AM
El caso Beatriz se convirtió en un símbolo de la prohibición total del aborto en la nación latinoamericana, que castiga con prisión a quienes se someten al procedimiento, lo realizan o ayudan con esta práctica.
Luego que un fallo del Tribunal Constitucional de Perú ordenara su “inmediata libertad”, el expresidente Alberto Fujimori abandonó este miércoles el penal de Barbadillo, en Lima, sin cumplir los 25 años de condena por su papel en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Su excarcelación llega a agitar el complejo panorama político y judicial por el que atraviesa el país vecino.
Según comunicó el Poder Judicial por la red social X, “dispone que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria, emitida en este proceso de hábeas corpus”.
En el marco del período ordinario de sesiones que la Corte IDH desarrollará esta semana en Santiago, el juez uruguayo conversó con La Tercera sobre temas que preocupan al organismo como el respeto de los derechos humanos en la región y el tratamiento de fenómenos como la migración y el crimen organizado.
De manera silenciosa y sistemática el máximo tribunal ha ido anulando y dejando sin efecto sentencias dictadas por los consejos de guerra. En 2016 y en 2018 fue un caso, este año entre mayo y septiembre la Corte anuló siete sentencias de consejos de guerra, en que a los condenados "se les absuelve por haber sido comprobada satisfactoriamente su completa inocencia".
En el requerimiento se enfatiza la ausencia de la defensa del exmandamás castrense en interrogatorios y careos. Se acusa que en un cara a cara con Curt Juris Hald De la Torre, quien fue ayudante de la Comandancia en jefe y luego en el departamento de protocolo en el período de Fuente-Alba Poblete a éste se le impidió hacer uso de su derecho a guardar silencio. También se apela a un dictamen de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos sobre tutela judicial efectiva.
Ayer fueron los alegatos ante TC. Gremios evalúan llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La iniciativa surgió tras la demanda que presentó la entidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012.
Luego del fallo que favoreció a la jueza Karen Atala, aparece el de la profesora de religión Sandra Pavéz, a quien se le prohibió ejercer la profesión debido a su condición de lesbiana.
El análisis se llevará a cabo en una audiencia en Washington, realizada en el marco del 143 período de sesiones del organismo.
La revisión incluye, entre otros casos, condenas por atentados incendiarios producidos en el sur, el año 2001.
El gremialismo hará una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo que contactó al abogado chileno Claudio Grossman, ex presidente de esa entidad.