Felipe Véliz elevó un escrito donde pidió al máximo tribunal que la contienda de competencias sobre el caso salga de la Segunda Sala y la analicen los magistrados en pleno, lo que desató fuertes cuestionamientos de parte de los intervinientes. Desde la Fiscalía, el INDH y abogados que representan a conscriptos y sus familias calificaron la petición como grave e improcedente.
El abogado del excomandante en jefe del Ejército reacciona a la resolución de la Corte Suprema.
La ministra en visita buscaba ampliar la cantidad de dinero por los presuntos montos defraudados por el general (R), quien es acusado de malversar los caudales públicos a través del uso de gastos reservados del Ejército. Una primera batalla ganada para el excomandante en jefe.
Diez días han pasado desde que falleció el conscripto Franco Vargas durante una instrucción militar en Putre, en la cual además una serie de jóvenes que realizaban su servicio militar resultaron con múltiples consecuencias médicas. ¿Quién investiga lo ocurrido? Esa es la interrogante que se debe resolver respecto a si lo ocurrido está dentro de la jurisdicción de la Corte Marcial o bien debe ser indagado por el Ministerio Público.
Ana María Osorio (61) y Jenny Book (65) son las integrantes de la Corte Marcial que podrían tomar la posta de la ministra en visita que deja su cargo el lunes 4 de septiembre. La primera es la que -dicen- tiene más posibilidades, pues Book ya preside el tribunal militar. Por su parte, la magistrada que asumió el cargo en 2017, pasará a integrar la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Tributaria, pero antes, especulan los intervinientes en la causa, podría decretar un procesamiento que involucra a una importante cantidad de altos mandos en retiro.
La magistrada asumirá el cargo a partir del 4 de septiembre.
Tras nueve días de prisión, el excomandante en jefe solicitó a la jueza Romy Rutherford cambiar su medida cautelar.
Por medio de la acción, la defensa del excomandante en jefe de la institución castrense buscaba que se declarara nulo el procesamiento que dictó en su contra la ministra Romy Rutherford, quien le imputó cargos por malversación de caudales públicos.
La ministra en visita que indaga el fraude en el Ejército contestó al recurso de amparo presentado por el general (R) Juan Emilio Cheyre. En el escrito enviado a la Corte Marcial advierte que la defensa del exoficial presenta un documento que justificaría la entrega de recursos a los jefes militares, a través de un decreto de 1998, sin embargo, la magistrada replica: "Tendrán derecho a un conductor, y un mayordomo y/o asistente mozo, derecho que -aún siendo atípico- tampoco involucra entrega de dineros en efectivo, sin rendición de cuenta, ni mucho menos del fondo para gastos reservados".
Tanto en las comisiones de Inteligencia y de Defensa de la Cámara de Diputados, los representantes del Ejército, la Armada y la Fach advirtieron que la ministra Maya Fernández nunca fue advertida del robo de información, encapsulando todo en los mandos del EMCO. Por su parte, el capitán que indaga el caso en sede judicial, pidió a la PDI requisar todos los antecedentes que tiene que ver con la estructura de la institución castrense y los contratos que respaldan el sistema informático. También, inició ronda de declaraciones.
Por cuatro votos contra uno, se desestimó recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la resolución del tribunal de alzada.
Por tres votos contra dos, el tribunal de alzada militar acogió el recurso de apelación de la defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, porque a su juicio la magistrada no ha reunido los antecedentes suficientes para imputarle el delito de fraude al fisco. La magistrada apunta a que el ex jefe castrense habría desviado a sus arcas personales más de $44 millones. La Corte, de hecho, le ordenó realizar un nuevo peritaje contable, ya que sostienen que durante esta etapa investigativa no se ha acreditado el perjuicio causado.
El coronel Isaías Martínez Castillo es indagado como inculpado por el presunto uso irregular de pasajes, a la vez que integra el tribunal de alzada castrense que revisa todos los procesamientos y actuaciones legales en el marco del fraude en el Ejército. El CDE pidió su inhabilitación en la causa y las implicancias del caso ya llegaron a oídos del comandante en jefe, Javier Iturriaga.
El tribunal de alzada militar revocó un procesamiento de la ministra en vista Romy Rutherfrod en que inculpaba por fraude al Fisco a un coronel (R) de la institución castrense, advirtiendo que el hecho -al momento de dictar el encausamiento- ya estaba prescrito. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado recurrió de queja ante la Corte Suprema acusando ilegalidad por parte de los jueces que revirtieron lo resuelto por la magistrada. Como en todo, será el máximo tribunal el que tenga la última palabra.
En el informe despachado a la Corte Marcial, la jueza explicó por qué no era lo mismo interrogar a un inculpado en su residencia particular que en una casa institucional como sería en este caso. El general (R) aún habita la casa institucional del comandante en jefe del Ejército, residencia que está emplazada en el Complejo Militar, en la comuna de Vitacura.
